Un informe denuncia ante la UE el "deterioro" del Estado de Derecho en Cataluña y el resto de España

Las instituciones comunitarias tienen sobre la mesa un nuevo estudio en el que se denuncia la ley de amnistía para los encausados del procés secesionista de Cataluña. Se trata del informe "Deterioro del Estado de Derecho en España", en el cual se detallan, con "15 hechos probados", diversos "abusos" cometidos por el Gobierno.

El documento en cuestión, de casi medio centenar de páginas [ver aquí], ha sido impulsado por Citizens Pro Europe y las entidades constitucionalistas Impulso Ciudadano y Foro de Profesores, que lo han enviado a las instituciones comunitarias.

"Quiebras en los principios democráticos"

Entre los destinatarios del informe, según explican dichas asociaciones en un comunicado, se encuentran el comisario de Justicia, Didier Reynders; los vicepresidentes de la Comisión Europea Vera Jourová y Margaritis Schinas; y los presidentes de la Eurocámara, de la Comisión y del Consejo, así como el de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo.

El documento detalla diversas vulneraciones del Estado de Derecho que estas tres entidades observan "en el funcionamiento de las instituciones estatales y las que son imputables a la Generalitat de Cataluña, mostrando que las quiebras en los principios democráticos que actualmente se aprecian a nivel estatal se conectan con las que desde hace tiempo se experimentan en Cataluña".

"Ataques a la independencia judicial" y otras vulneraciones

Entre esas vulneraciones denunciadas ante las autoridades comunitarias figuran, además de la ley de amnistía del procés, "los ataques a la independencia judicial"; la "apropiación indebida" del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional; la "tolerancia con acciones delictivas en que incurren socios políticos del Gobierno"; las alusiones de éstos a un supuesto "lawfare", así como a lo que llaman "desjudicialización" de la política; los indultos y rebajas del Código Penal a su medida; las comisiones legislativas impulsadas en el Congreso para fiscalizar a los tribunales; el "abuso de la legislación de urgencia" y el "uso fraudulento de la figura de la proposición de ley" en el Parlamento; la politización en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); el uso partidista de las instituciones o el "control político" de los medios de comunicación, entre otros.

En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, estas tres entidades denuncian "el ataque sistemático al prestigio de los tribunales" que se practica desde el gobierno autonómico. Todo ello, ilustrado con numerosos ejemplos, como por ejemplo el rechazo e incumplimiento de la sentencia judicial firme que le obliga a aplicar del 25% de clases en castellano en su sistema educativo, actualmente recurrido ante el Constitucional.

Además, las entidades acusan las administraciones nacionalistas por su falta de neutralidad institucional y denuncian la "estigmatización y acoso a los discrepantes" que aprecian en Cataluña.  

"Efecto contagio"

"De alguna forma se aprecia un efecto contagio desde las instituciones regionales a las estatales que podría, incluso, extenderse a las europeas", advierte en informe.

En sus páginas se avisa sobre el peligro del "desafío secesionista" y se señala que "en contra de lo que en ocasiones se percibe desde fuera, no implica una confrontación entre la población (los catalanes) y el poder público (el Estado español)", sino que desde "un poder público" como es la Generalitat y, "en buena medida", las administraciones locales "deciden actuar al margen de los límites legales" En este sentido, se recuerda su responsabilidad en la consulta secesionista de 2014 y el referéndum ilegal de 2017.

Piden a la UE que intervenga antes de que la situación se complique

El documento termina advirtiendo a la UE de que el actual "deterioro democrático" de España requiere "actuaciones antes de que la situación se vuelva difícil de revertir". "Las instituciones europeas, que han de velar por el respeto a los principios y valores europeos en todos los Estados miembros, no pueden permanecer indiferentes ante la situación que se vive en España”, añaden.

Entre los autores del informe figuran la catedrática en Derecho Constitucional Teresa Freixes, a su vez presidenta de Citizens Pro Europe; el catedrático en Derecho Internacional Privado y vicepresidente de Impulso Ciudadano Rafael Arenas; la profesora de Comunicación y secretaria de la junta directiva de esta misma entidad Isabel Fernández; y el profesor de Historia de la Northumbria University y coordinador de Foro de Profesores Carlos Conde.