La oficialidad del catalán en la Unión Europea le costará a España 44 millones de euros al año

La oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea tendrá un coste estimado para España de 44 millones de euros anuales, según los primeros cálculos de la Comisión Europea. Un montante que ascenderá hasta los 132 millones al año con el reconocimiento también del euskera y el gallego. 

Estas son las cifras que figuran en el informe elaborado por la Comisión Europea y que ya ha sido enviado tanto al Gobierno español como a las Representaciones Permanentes de los estados miembros en Bruselas para ser debatido en el Consejo de Asuntos Generales el martes, la última reunión en la que España ocupará la Presidencia del Consejo de la UE y en la que podrá decidir el orden del día. 

Un proceso largo y "por fases"

El documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, se basa en el coste que tuvo el reconocimiento del gaélico en el 2005, lengua que ha tardado 15 años en ser considerada plenamente como oficial en la UE. Sin embargo, el Consejo subraya que existen diferencias entre el lenguaje escocés, que hablan menos de dos millones de personas, frente al catalán, que tiene 10 millones de hablantes.

Así las cosas, avanzan que el reconocimiento como lengua oficial no será automático, sino que se hará “por fases” y que se necesitan, al menos, seis meses más sólo para perfilar el precio que tendrá su reconocimiento en Bruselas. La Comisión destaca que el coste de la incorporación depende de muchos factores, entre los que destaca la disponibilidad de traductores, intérpretes o bases de datos de terminología, así como de la contratación de funcionarios que manejen el catalán.

¿Quién asumirá este coste? El Gobierno de Sánchez ya manifestó que el coste correría a gasto del Estado español, ante el recelo de varios socios europeos, que quisieron saber cuánto costaría a las arcas europeas.

El coste en el Congreso

En España, el Congreso de los Diputados se gasta una media de 4.500 euros por sesión plenaria en la traducción y transcripción de lenguas cooficiales.

El uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, una exigencia sine qua non de los partidos independentistas para investir a Francina Armengol como presidenta del Congreso, tuvo un coste inicial de 53.000 euros, destinados a la compra de medios técnicos como auriculares para cada uno de los diputados, petacas y antenas.

Además de este desembolso, el coste de traductores e intérpretes, según datos de Europa Press, en las dos primeras semanas de plenos osciló entre los 3.600 y los 5.000 euros por día.