El Govern cumple su amenaza y propone una multa de 700.000 euros a Renfe por la gestión de la información y atención a los ciudadanos tras la incidencia ocurrida en mayo en la R2 Sur, en Gavà (Barcelona).
Mientras, sigue sin pagar los 152 millones que debe a la compañía ferroviaria, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condena al pago de 81 millones, por el momento.
La Agencia Catalana de Consumo abrió en mayo un expediente sancionador en el que acusa a Renfe "prácticas comerciales desleales" y el incumplimiento de las obligaciones con los pasajeros. También la acusa de haber provocado una "alteración social grave".
Otros dos expedientes abiertos
Esta propuesta de sanción responde solamente a uno de los tres expedientes abiertos, el relativo a las actuaciones en las estaciones de Barcelona-Sants y Passeig de Gràcia, mientras siguen así en trámite otros dos, los de las estaciones de Camp de Tarragona, Reus y l'Aldea-Amposta-Tortosa.
Consumo consideró hechos agravantes la "desconfianza" que se provocó en los consumidores y la posición prevalente de Renfe como operadora dominante en el sector También encontró "deficiencias" en la información a los usuarios en relación con las alteraciones del servicio, horarios y transportes alternativos, como puntos de atención al cliente cerrados y trenes anunciados como directos o con paradas en algunas estaciones que, en la práctica, paraban en todas.
El Govern se niega a pagar
El operador estatal había reclamado al ejecutivo catalán en numerosas ocasiones el pago de la deuda contraída entre los años 2016 y 2019 por unas partidas anuales correspondientes a la ampliación de servicios de Rodalies.
En total, son 152 los millones que el Govern debe a Renfe y que se niega a pagar argumentando, por una parte "la falta de inversiones" y por otra que "el Estado es el principal "incumplidor, ya que la ejecución del presupuesto en infraestructuras en Cataluña no supera el 19%".
Renfe recurrirá
El portavoz de la compañía, Antonio Carmona, ya ha anunciado que presentará un recurso contra la sanción propuesta por la Agencia Catalana del Consumo y ha explicado que en mayo le facilitaron toda la información sobre las medidas adoptadas tras la incidencia, la cual sostiene que "se produjo de forma totalmente sobrevenida provocando una afectación importante entre Castelldefels y El Prat (Barcelona)".
Asimismo, Carmona ha reivindicado "el esfuerzo hecho por la empresa por mantener informados a los clientes" a través de los canales de comunicación "a pesar de la complejidad" con la que se encontraron aquellos días.