El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar 81 millones de euros a Renfe por una deuda contraída entre los años 2016 y 2019. El operador estatal lo había reclamado en numerosas ocasiones y finalmente optó por presentar un recurso contencioso administrativo ante la falta de respuesta por parte del Govern.
La sentencia hace referencia a unos servicios que la Generalitat dejó de abonar a Renfe de un día para otro, en concreto, las partidas anuales correspondientes a la ampliación de servicios de Rodalies incorporados tras el traspaso de titularidad en 2010, pactado en 2010. El escrito hace referencia a la financiación de los Rodiales del Camp de Tarragona, la RG-1 o la prolongación de trenes de Mataró hasta Arenys de Mar.
Adif incrementó el canon por el paso de trenes
El problema empezó cuando Adif, el gestor público de la infraestructura, incrementó el canon por el paso de trenes y Renfe decidió repercutirlo directamente en la factura del plan de acción. Algo a lo que el Govern se opuso alegando que ese cobro no aparecía en el acuerdo de traspaso.
Un tren de Rodalies como los que circularán por el tramo entre Lleida y Manresa que acaba de licitar Adif para su mejora / RENFE
Por aquel entonces era Mariano Rajoy quien gobernaba en la Moncloa y Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero sus sucesores Quim Torra y Pere Aragonès también decidieron no pagar la deuda. La sentencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, concluye que es la Generalitat quien debe asumir ese aumento de coste.
La cifra pendiente asciende ya a 152 millones de euros
A día de hoy, sumados los pagos que tampoco se realizaron entre 2020 y 2022, la cifra pendiente asciende ya a los 152 millones de euros en total. Por ahora la justicia ha obligado a pagar 81 millones en un proceso judicial que podría alargarse unos cuantos años más si el gobierno catalán decide recurrir la sentencia. Todo ello coincidiendo con la negociación por la investidura de Pedro Sánchez.
El Govern, además, deberá pagar los intereses de demora y hacerse cargo de las costas judiciales, con un importe máximo de 3.000 euros. La Generalitat dispone de 30 días para presentar un recurso de casación.