El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio a Puigdemont por los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender el juicio previsto para el próximo viernes 17 de noviembre por los gastos del referéndum ilegal y unilateral del 1-O y la acción exterior de la Generalitat de Cataluña contra 35 ex altos cargos, desestimando así la petición del expresidente del gobierno autonómico catalán y actual líder de Junts, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín -fugados de la justicia en Bélgica por el procés- y Clara Ponsatí.

La defensa se basaba en la jurisprudencia establecida por la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) 3746/2020, de 10 de noviembre, aduciendo que "el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse en ningún caso sobre la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva mientras no exista una resolución penal firme que declare si, en efecto, se trata de hechos constitutivos de delito".

Según la defensa de los fugados, de la sentencia se extrae que en los casos de Puigdemont y de sus exconsellers, el procedimiento penal que se sigue en su contra en el Supremo aún no ha terminado. Ello se debe a que permanecen prófugos de la justicia, y eso ha impedido que se les tome declaración indagatoria -paso previo a concluir sumario-, salvo en el caso de Ponsatí, que permanece a la espera de que la Sala de lo Penal confirme la conclusión del mismo.

Responsabilidad contable

La defensa ve "preocupante" que "se quiera continuar con un juicio de responsabilidad contable conociéndose que está pendiente aún el procedimiento penal del cual podrán o no deducirse las correspondientes responsabilidades", aduciendo incluso que sería "un gasto indebido de recursos públicos" celebrar el juicio.

Sin embargo, la vista oral no se ha suspendido porque la cuestión planteada por Puigdemont y sus exconsellers no es nueva, y ya se ventiló en la audiencia previa celebrada el pasado 16 de diciembre, siendo desestimada. Entre otras razones, por el principio de compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable.

Juicio el 17 de noviembre

Así las cosas, la vista está fijada para las 11:00 h del próximo viernes, y todavía es posible que las defensas vuelvan a pedir la suspensión, esgrimiendo en este caso la futura amnistía que el Gobierno en funciones ha acordado con Junts y ERC a cambio de obtener sus votos a la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente.

Durante el juicio, que duraría sólo un solo día, se espera realizar la práctica de las pruebas de interrogatorio de parte y testificales, entre ellas a Puigdemont.

Fiscalía pide más de tres millones de euros

La Fiscalía pide 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados en esta causa tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de 9,5 millones de euros.

Entre los 35 encausados figuran, además de Puigdemont y el presidente de ERC Oriol Junqueras -con quienes el Gobierno en funciones ha acordado darles la impunidad a cambio de la investidura de Sánchez- el también expresidente de la Generalitat Artur Mas -que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 4,9 millones de euros y otro millón en intereses- por la organización de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.

Otros encausados

En la lista también figuran exconsellers del gobierno autonómico secesionista condenados en 2019 por el Tribunal Supremo, como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de EEUU, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

También están encausadas nueve personas procesadas por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en la causa por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre ellos, el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.