“El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. Con esta frase, las dos formaciones condenadas a entenderse para activar el autodenominado gobierno progresista en España desgranan los acuerdos firmados que facilitarán la investidura de Pedro Sánchez.
El líder socialista suma los siete votos capitales en el Congreso para seguir en Moncloa, pero los de Carles Puigdemont le lanzan una advertencia sobre la “estabilidad” de este pacto en el propio documento que han bendecido ambas partes.
Carles Puigdemont negocia en Bélgica el acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez
Las cuatro páginas de la “oportunidad histórica” que ambos han decidido aprovechar concluyen con esta amenaza a los socialistas: “La estabilidad de la legislatura” está “sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos que resulten de la negociación en los dos ámbitos permanentes señalados”. Prosigue de este modo el debate entre los partidos, que reconocen las “desconfianzas mutuas” que se procesan.
Mecanismo de verificación internacional
El primer acuerdo que han cerrado es la creación de un “mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga funciones de acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. Las conclusiones de este espacio serán básicas para la apertura de esta nueva etapa que busca “resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”.
Manifestantes independentistas, en la Diada de este año
Será en este espacio donde se aborden las aspiraciones de los independentistas, pretensiones que el propio PSOE limita en el mismo documento. “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”, hecho que los socialistas rebajan a una “defensa del amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006”.
Asimismo, Sánchez avala el “pleno despliegue y el respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.
Cupo vasco y cesión del 100% de los impuestos
En materia fiscal, los de Puigdemont piden de forma abierta el cupo vasco. Hablan en el documento de conseguir una “modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan” en la autonomía.
El PSOE se resiste a este traspaso. Se compromete a “apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña”, hecho que ya se apuntaba en el acuerdo firmado con ERC. Asimismo, contempla abordar un “diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña”.
Cómo revertir la ‘fuga de empresas’
Será en este espacio donde se “abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Cabe recordar que revertir la fuga de empresas que empezó en 2017, cuando se ejecutó de forma simbólica la declaración de independencia unilateral, no es sólo una prioridad de los partidos secesionistas. La gran patronal catalana, Foment del Treball, reclama de forma periódica avanzar hacia la estabilidad necesaria para convencer a las compañías a revertir las decisiones pactadas en el momento de mayor tensión política del procés.
Comisiones de investigación para la amnistía
En cuanto a la Ley de Amnistía, se limita a señalar que “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Pero deja en manos de unas “comisiones de investigación” que se deben abrir en la próxima legislatura ver si puede aplicarse a los nombres propios que han circulado los últimos días.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en una rueda de prensa a 25 de septiembre de 2021, en L’Alguer, Cerdeña (Italia)
Las condenas al exconseller Miquel Buch, que prevaricó al contratar a un Mosso d’Esquadra en su departamento y lo liberó para ejercer de guardaespaldas de Puigdemont; la expresidenta del Parlament Laura Borràs, que troceó contratos para otorgarlos a dedo a un amigo cuando lideraba el Institut de les Lletres; o a las que pueden afectar a la mano derecha de Puigdemont, Josep Maria Alay, que usó fondos públicos para ir a Nueva Caledonia para ver el referéndum de autodeterminación de ese territorio; o al abogado Gonzalo Boye, imputado por blanqueo en la trama del narco Sito Miñanco.
Más presencia de Cataluña en organismos internacionales
En el pacto que han rubricado el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Bruselas, se limita a señalar que las “conclusiones” de estas comisiones definirán si las causas que les han llevado al banquillo “pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare [el que usa Junts] o judicialización de la política [la fórmula empleada por el PSOE]”.
Además, los socialistas se comprometen a “ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales”. Todo ello, llevará el voto a favor de los siete diputados de Junts en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.