Impulso Ciudadano ha expresado este domingo su malestar hacia la Fiscalía de Barcelona por haber archivado la investigación sobre el acoso y los mensajes de odio que sufrió una enfermera andaluza del Hospital Vall d'Hebron tras haber criticado la exigencia de tener el nivel C1 de catalán para poder opositar y trabajar en la sanidad de Cataluña. La entidad constitucionalista insiste en que el expediente que la Generalitat abrió contra la trabajadora se debió, al menos en parte, a motivaciones ideológicas y lamenta que la fiscalía ni siquiera haya llamado a declarar a la afectada ni a sus compañeras, ni tampoco al conseller de Salud, Manel Balcells (ERC).

El Govern catalán impuso un expediente sancionador a la enfermera por haberse grabado en un vídeo, junto a otras dos trabajadoras, expresando su queja lingüística en su centro de trabajo y con la mascarilla bajada, en unas fechas -marzo de 2023- en las que todavía era obligatorio llevarla en los hospitales a causa de la pandemia del Covid. Semanas después, el servicio catalán de Salud no le renovó su contrato.

Balcells vio "intolerable" la queja lingüística de la trabajadora

Impulso Ciudadano insiste en que su denuncia estaba más que fundada, pues a su juicio "no existía duda sobre que la apertura del expediente venía motivada por el contenido de las críticas vertidas por la enfermera, y no por estas circunstancias accesorias". Algo que, según apunta, se evidencia en las propias palabras y mensajes en redes sociales del conseller Balcells. Entre ellos, uno en el que el mandatario secesionista afirmaba que "declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta la consejería llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario tiene que garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña".



Doble rasero: apoyo a movilizaciones favorables al 'procés'

La denuncia de la entidad constitucionalista aportaba además otras pruebas en las que se evidencia la diferencia de criterio de los dirigentes de la Generalitat en este tipo de situaciones. Así, se recuerda cómo la antecesora de Balcells en el cargo, Alba Vergés (ERC), aplaudió siendo consellera en sus redes sociales una protesta política de trabajadores sanitarios del Hospital Clínic de Barcelona favorable a los intereses de los mandatarios encausados por el procés secesionista en su propio centro de trabajo.

"Buscaban censurar opiniones discrepantes"

Teniendo en cuenta precedentes como este, Impulso Ciudadano considera en su comunicado que, en el caso de las enfermeras que se grabaron en el vídeo de la queja por la exigencia de tener el nivel C1 de catalán, existían "indicios de que la apertura del expediente" tenía "motivaciones ideológicas y buscaba censurar las opiniones discrepantes".

"Esto no es una mera especulación, sino que era lo que resultaba de las declaraciones que había hecho el consejero de Salud y que le constaban a la Fiscalía", añade.



Fiscalía no llamó a declarar a Balcells

La entidad constitucionalista lamenta que "ahora la Fiscalía archiva la denuncia sin haber practicado más investigación que la consulta del expediente sancionador abierto contra las enfermeras mencionadas; esto es, obviando las declaraciones del consejero de Sanidad y las evidencias de la diferencia de trato por parte de las autoridades sanitarias cuando se graban vídeos en los centros sanitarios para loar o apoyar al gobierno o cuando se hace para criticarlo". A su juicio, "Balcells había afirmado con claridad que las actuaciones contra la enfermera se basaban -al menos en parte- en el contenido de sus críticas".

"La desprotección de quienes en Cataluña cuestionan al nacionalismo ha alcanzado niveles que deberían preocupar al conjunto de la sociedad", concluye.

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