"Dictamen para una propuesta de ley de amnistía". Ese es el título del documento, de 38 páginas, que Sumar ha puesto sobre la mesa este martes en Barcelona para eximir de cualquier tipo de responsabilidad a los condenados y encausados por el procés secesionista de Cataluña desde 2013. Un escrito que, en la práctica, pretende convertir en impune cualquier acción delictiva -haya sido condenada, o esté pendiente de juicio- relacionada con el mismo. No sólo para los mandatarios que impulsaron los dos referéndums ilegales de 2014 y 2017, sino también del resto de acciones derivadas de los mismos, como los disturbios originados por los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR), la plataforma Tsunami Democràtic o presuntos actos de malversación como los relacionados con la operación Voloh, entre otros.
Los autores del documento impulsado por el mediador de Sumar en las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes del procés, Jaume Asens, tienen en común su rechazo a las condenas dictadas por el Tribunal Supremo a los líderes secesionistas en 2019 y, en alguna ocasión, su afinidad a las tesis del partido liderado por Yolanda Díaz o a los de la causa nacionalista.
Los firmantes del escrito -todos ellos, hombres, a pesar del énfasis por la paridad de género que Sumar exige en otros ámbitos- son cinco: Nicolás García Rivas (catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha); Antoni Llabrés Fuster (titular de Derecho Penal en la Universitat de les Illes Balears); Javier Mira Benavent (titular de Derecho Penal por la Universitat de València); Guillermo Portilla Contreras (catedrático de Derecho Penal por la Universidad de Jaén); y Rafael Rebollo Vargas (catedrático de Derecho Penal por la Universidad Autonóma de Barcelona).
Oradores en el acto sobre la amnistía de Sumar
Nicolás García, contra el "Partido Judicial" y el "inquisidor" Llarena
De todos ellos queda constancia de su concepción de la justicia en libros, artículos académicos y periodísticos. En el caso de Nicolás García Rivas, alguno de estos últimos sorprende por su vehemencia a la hora de defender a los mandatarios secesionistas y de criticar lo que llama "derecha judicial", a la que en un contundente artículo del pasado verano tilda de "Partido Judicial".
En el mismo, publicado el 10 de agosto en Eldiario.es y titulado "La guerra del 'Partido Judicial' contra el poder legítimo", critica la decisión de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y recurre a una retórica y terminología similar a la de los dirigentes secesionistas. Por ejemplo, acusar de "lawfare" al "Partido Judicial", cuyas tesis no comparte.
Asimismo, aún reconociendo que el referéndum ilegal del 1-O fue "manifiestamente inconstitucional", llega a llamar "instructor/inquisidor" al juez Pablo Llarena por haber acusado de rebelión, y califica de "infamia" la labor de la Policía Nacional en Cataluña, a la que acusa de haber sido enviada "al grito popular de '¡a por ellos!', repudiable exclamación sobre la que nadie ha pedido perdón". En dicho artículo, Nicolás García no alude, sin embargo, a la ausencia de petición de disculpas por parte de los mandatarios secesionistas, aún a día de hoy.
"Votante de izquierdas" y "el poder legítimo del Estado"
Según el punto de vista de Nicolás García, el encarcelamiento de los mandatarios secesionistas fue en cierto modo "antidemocrático", ya que en su opinión la sentencia del procés fue "manipuladora y jurídicamente inconsistente", criticando además la existencia del delito de sedición, cuya derogación por parte del Gobierno celebra.
García Rivas, por otra parte, no oculta en dicho escrito sus afinidades ideológicas, pues se define como "votante de izquierdas", grupo que, a su juicio, ha dado en las elecciones "el poder legítimo del Estado español", cuyos "parámetros democráticos establece la Constitución y no un grupo de magistrados conservadores, defensores de la 'gente de bien'", según sus palabras.
Con anterioridad, en noviembre de 2022, este mismo catedrático también se había mostrado partidario, en una entrevista a Radio Nacional, de la reforma del delito de malversación, cuya definición consideraba "demasiado amplia".
En contra de la reforma de la "ley del sí es sí"
Nicolás García Rivas, por otra parte, también ha destacado en los últimos meses por sus planteamientos controvertidos en otras cuestiones: por ejemplo, en su rechazo a la reforma de la llamada ley del sí a sí.
En un artículo publicado el pasado 8 de febrero en la Cadena SER, titulado "No hay que reformar la 'ley del sí es sí'", García Rivas criticaba a la parte socialista del Gobierno -no a la impulsora, el Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos- con frases como esta: "El PSOE se ha dejado arrastrar por la vorágine de la alarma social, del recuento segundo a segundo de los violadores beneficiados por la rebaja de penas y ha demostrado muy poca audacia sometiéndose a los dictados de una derecha voraz". A su juicio, "la Ley es una ley integral con un largo desarrollo por delante" y se debería exigir, por ejemplo, que "todos los operadores jurídicos se formen en perspectiva de género”, poniendo así el foco en estos últimos por los efectos de la nueva legislación.
Antoni Llabrés y las "agresiones lingüísticas" al catalán
Otro firmante del escrito de Sumar a favor de la amnistía del procés es Antoni Llabrés Fuster, que antes de ser profesor de Derecho Penal en la Universitat de les Illes Baleares (UIB) había sido director del Servicio de Política Lingüística en la Universidad de Valencia.
Miembro de la junta directiva de la Obra Cultural Balear (OCB), una entidad nacionalista de las islas, ha destacado por su activismo a favor de la defensa de la lengua catalana. En los últimos tiempos, mostrándose muy preocupado por las políticas lingüísticas de PP y Vox en las instituciones de Baleares.
Jaume Asens, expresidente de Unidas Podemos en el Congreso, en el acto de hoy
Con anterioridad, Llabrés había sido un firme defensor de la labor de la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears (ODDL) contra lo que denomina “agresiones lingüísticas” al catalán. Y que, entre otras medidas, impulsó la implantación de este idioma en el ámbito sanitario con la socialista Francina Armengol al frente del gobierno autonómico.
Javier Mira Benavent y la "reinterpretación" de la pertenencia a ETA
Por lo que respecta a Javier Mira Benavent, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, algunos de sus análisis y estudios han puesto el foco en la situación de los presos de ETA, y en la concepción del delito de "pertenencia a organización terrorista".
Así, en diciembre de 2013, consideró necesario "reinterpretar" este delito para evitar que estos tipos penales "puedan seguir siendo usados como instrumentos de criminalización" de la "actividad política de dirigentes o portavoces" de la llamada "izquierda abertzale", como la ilegalización de Batasuna.
Así lo apuntó, según Europa Press, en la revista Hermes de la Fundación Sabino Arana, donde consideró que "la aplicación indiscriminada de estas medidas acaba afectando no sólo a aquellos que aparecen imputados en el correspondiente sumario, sino también a un grupo indiscriminado y numeroso de personas (simpatizantes del colectivo) que, sin estar imputadas ni procesadas, se encuentran, sin embargo, privadas de la posibilidad de convocar o asistir a reuniones y manifestaciones o de canalizar su derecho de sufragio hacia los partidos cautelarmente suspendidos".
Guillermo Portilla y el manifiesto conjunto contra el juicio del 'procés'
Por lo que respecta a Guillermo Portilla, su rechazo a las acusaciones a los dirigentes del procés ya fue patente e 2018 cuando, junto a los antes citados Nicolás García y Javier Mira, fue uno de los impulsores del manifiesto "La banalización de los delitos de rebelión y sedición", y su consiguiente recogida de firmas.
En sus cuatro páginas, los autores consideraban que el asedio a la comitiva judicial que investigó la Consejería de Interior de la Generalitat del 20 de septiembre de 2017, y el referéndum ilegal del 1-O, no podían interpretarse como sedición porque "en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación".
Y es que, en opinión de esos tres autores, "todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos".
Rafael Rebollo, experto en el análisis de la sedición en la UAB
El único integrante del equipo de cinco expertos penalistas de Sumar que imparte clases en una universidad catalana -en este caso, la UAB- es Rafael Rebollo Vargas, un autor muy prolífico en artículos académicos sobre su materia.
Alguno de ellos versa sobre un asunto troncal del procés. Es el caso, por ejemplo, de uno publicado en enero de 2018, bajo el título "Consideraciones y propuestas para el análisis del delito de rebelión y, en particular, del delito de sedición: bien jurídico y algunos elementos del comportamiento típico".