El bono social eléctrico, la medida estrella del Gobierno contra la pobreza energética para que las familias vulnerables tuvieran descuentos en la factura de la luz, ni siquiera llega al 65,3% de la población en riesgo de pobreza. Además, de las que ya sufren pobreza severa, un 23% no pueden beneficiarse de esta ayuda.
Así se desprende del informe La pobreza energética en Cataluña 2023: retos pendientes en un contexto de crisis energética, realizado por el Síndic de Greuges y presentado por la síndica, Esther Giménez-Salinas, en el Parlament.
Um 20% de familias, con problemas para calentarse
Según este estudio, el 20% de las familias tiene dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 9% de las personas presentan retrasos en el pago de las facturas en un momento en el que ha habido un "incremento muy alto sin precedentes" del precio de la energía.
Giménez-Salinas ha criticado las "dificultades burocráticas" de acceso a esta prestación, y ha remarcado que la pobreza energética es más prevalente entre la población de nacionalidad extranjera o en el paro, que tiene el "doble de probabilidades" de sufrir esta privación que la población española u ocupada.
El gasto en suministros, un 7% más caro que antes de la pandemia
Todo esto, en un contexto en el que el gasto de los hogares en suministros de agua, luz y gas se ha incrementado un 7% desde antes de la pandemia y un 30% desde antes de la crisis económica de 2008.
Coincidiendo con este contexto, entre 2019 y 2022 la institución ha recibido un 125% más de quejas relacionadas con el consumo de energía (de 717 se ha pasado a 1.614), y un 35% más relacionadas con el consumo de agua (de 304 a 409).
Dificultades burocráticas
"Me preocupan muchísimo las dificultades burocráticas para acceder al bono social eléctrico", ha destacado la síndica, que ha criticado las dificultades para tramitar la prestación y la lentitud para recibirla: hasta un año se puede demorar el pago del bono desde que se solicita.
Según Giménez-Salinas, los problemas de cobertura se deben a la existencia de déficits de información, dificultades en la tramitación, situaciones de exclusión residencial y también a que una parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido.
Así, ha instado al Gobierno a desburocratizar la tramitación del bono social eléctrico, simplificar la documentación a aportar para solicitarlo, mantener el IVA reducido para los consumidores vulnerables más allá del 31 de diciembre y facilitar unos modelos de las facturas de luz y gas más claros.
Convenios con suministradoras
La síndica ha advertido de que la Generalitat "sólo tiene firmado un convenio con empresas suministradoras" (Endesa) para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido o que aplican descuentos notables a personas en situación de riesgo de exclusión residencial.
Así, ha instado al Ejecutivo catalán a impulsar la firma de convenios con otras empresas suministradoras, como Naturgy e Iberdrola y a desarrollar un reglamento sobre el procedimiento que deben seguir las empresas para garantizar que no se cortan los suministros a personas que tienen acreditada la vulnerabilidad social.
A las empresas les ha pedido que faciliten el paso de los consumidores vulnerables a las tarifas reguladas de electricidad y gas, reforzar la comunicación con los servicios sociales y evitar las gestiones de recobro de deudas a los consumidores vulnerables.