El 65% de población en riesgo de pobreza en Cataluña no puede acceder al bono social eléctrico

El bono social eléctrico, la medida estrella del Gobierno contra la pobreza energética para que las familias vulnerables tuvieran descuentos en la factura de la luz, ni siquiera llega al 65,3% de la población en riesgo de pobreza. Además, de las que ya sufren pobreza severa, un 23% no pueden beneficiarse de esta ayuda.

Así se desprende del informe La pobreza energética en Cataluña 2023: retos pendientes en un contexto de crisis energética, realizado por el Síndic de Greuges y presentado por la síndica, Esther Giménez-Salinas, en el Parlament.

Um 20% de familias, con problemas para calentarse

Según este estudio, el 20% de las familias tiene dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 9% de las personas presentan retrasos en el pago de las facturas en un momento en el que ha habido un "incremento muy alto sin precedentes" del precio de la energía.

Giménez-Salinas ha criticado las "dificultades burocráticas" de acceso a esta prestación, y ha remarcado que la pobreza energética es más prevalente entre la población de nacionalidad extranjera o en el paro, que tiene el "doble de probabilidades" de sufrir esta privación que la población española u ocupada.

El gasto en suministros, un 7% más caro que antes de la pandemia

Todo esto, en un contexto en el que el gasto de los hogares en suministros de agua, luz y gas se ha incrementado un 7% desde antes de la pandemia y un 30% desde antes de la crisis económica de 2008.

Coincidiendo con este contexto, entre 2019 y 2022 la institución ha recibido un 125% más de quejas relacionadas con el consumo de energía (de 717 se ha pasado a 1.614), y un 35% más relacionadas con el consumo de agua (de 304 a 409).

Dificultades burocráticas

"Me preocupan muchísimo las dificultades burocráticas para acceder al bono social eléctrico", ha destacado la síndica, que ha criticado las dificultades para tramitar la prestación y la lentitud para recibirla: hasta un año se puede demorar el pago del bono desde que se solicita.

Según Giménez-Salinas, los problemas de cobertura se deben a la existencia de déficits de información, dificultades en la tramitación, situaciones de exclusión residencial y también a que una parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido.

Así, ha instado al Gobierno a desburocratizar la tramitación del bono social eléctrico, simplificar la documentación a aportar para solicitarlo, mantener el IVA reducido para los consumidores vulnerables más allá del 31 de diciembre y facilitar unos modelos de las facturas de luz y gas más claros.

Convenios con suministradoras

La síndica ha advertido de que la Generalitat "sólo tiene firmado un convenio con empresas suministradoras" (Endesa) para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido o que aplican descuentos notables a personas en situación de riesgo de exclusión residencial.

Así, ha instado al Ejecutivo catalán a impulsar la firma de convenios con otras empresas suministradoras, como Naturgy e Iberdrola y a desarrollar un reglamento sobre el procedimiento que deben seguir las empresas para garantizar que no se cortan los suministros a personas que tienen acreditada la vulnerabilidad social.

A las empresas les ha pedido que faciliten el paso de los consumidores vulnerables a las tarifas reguladas de electricidad y gas, reforzar la comunicación con los servicios sociales y evitar las gestiones de recobro de deudas a los consumidores vulnerables.