Más de 50.000 personas, según la Guardia Urbana, y más de 300.000, según la organización, han acudido este domingo, 8-O, a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) contra la amnistía que los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) negocian para beneficio propio con el PSOE a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La protesta, pues, ha evidenciado que la sociedad sigue dividida y fracturada en Cataluña, pero también en el resto de España, ahora a cuenta de esta compra de votos a cambio de olvidar lo ocurrido en el punto álgido del procés.
La fractura, como en el otoño de 2017, ha empezado este domingo por la clase política. Por un lado, numerosos dirigentes de PP y Vox, juntos, pero no revueltos en la manifestación y cargando contra Sánchez por esta nueva cesión al nacionalismo catalán, así como contra los socialistas en general, que han "abandonado" a los catalanes, en palabras del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Por el otro, los socialistas, tratando de desprestigiar esta convocatoria al recordar, en cada intervención, que en ella han participado los conservadores y la extrema derecha, "juntitos de la mano", según Salvador Illa (PSC). Y, en un tercer lugar, los separatistas, llamando catalanófobos a los asistentes.
"Desigualdad"
Pero la división sigue en la calle, donde ha quedado claro que son muchos, miles, quienes no comulgan con la amnistía que Sánchez dice que puede negociar porque así lo eligieron los votantes el 23J. No es cierto, pues este asunto no salió en campaña en ningún momento y, como ha dicho el vicepresidente de SCC, Álex Ramos, es posible que hubiera aumentado la abstención o hubiera cambiado el sentido del voto de muchos ciudadanos si hubieran conocido este desenlace. Sea como sea, el sentir de la calle es distinto del que pretenden vender desde el Govern y desde el Gobierno en funciones, pues con sus discursos parece que sea una minoría la que se opone a este trato de favor de políticos para políticos.
De hecho, esta "aberración inconstitucional" de "nefastas consecuencias", como definió la presidenta de SCC, Elda Mata, esta posible amnistía, centró los discursos de los convocantes, que alertaron de que estos privilegios que se preparan para favorecer a una minoría a cambio de seguir en la Moncloa son un "atentado contra la democracia y contra los cimientos de la convivencia". Entre otros motivos, porque suponen una clara desigualdad entre españoles y entre territorios, y porque supone decir que lo ocurrido en el procés fue una simple "gamberrada", en palabras del líder de Cs, Carlos Carrizosa, algo que nunca debió terminar en los tribunales.
"Fractura social"
Pero "lo peor" del procés no fue el intento de golpe de Estado, sino, y precisamente, "la fractura social", que todavía perdura, en declaraciones de Ramos, pero ahora en torno a la amnistía. "Y no se ha pedido perdón por el daño ocasionado", ha añadido. Un daño que no solo se hizo a las relaciones sociales, sino también a la economía. Además, ha negado que los indultos hayan mejorado la convivencia en Cataluña: "Lo que pasa es que el Estado actuó legítimamente con el 155 y la actuación de la justicia, pero no para reprimir ideologías, sino para juzgar delitos reales".
"Injusticia" ha llamado la jurista Teresa Freixas a esta posible ley de amnistía, que quieren maquillar con la subversión del lenguaje. "Quieren que nos creamos que todo va a mejorar con una ley a la que parece que quieren llamar de concordia, pero que es de discordia, porque va dirigida a una infame compra de votos para una investidura cuyo objetivo es la perpetuación de unos cuantos en el poder", ha dicho ante los miles de asistentes que llenaban el paseo de Gràcia. "Una parte de la población de España no puede decidir por el conjunto de la nación", ha proseguido, al tiempo que ha recordado que hay que respetar el Estado de derecho, las sentencias judiciales y la separación de poderes.
Elda Mata, presidenta de Societat Civil, en la manifestación contra la amnistía
"Convertir España en Venezuela"
En la misma línea se ha pronunciado el exalcalde de A Coruña Paco Vázquez, para quien la amnistía sería un nuevo privilegio, una nueva concesión para quienes adoctrinan en las escuelas, para quienes imponen el catalán en detrimento del castellano, para quienes desacatan a los tribunales y amenazan con volverlo a hacer. "A los catalanes os quieren robar Cataluña, no hay conflicto de Cataluña con el resto de España, lo que hay es un contencioso de los independentistas que quieren imponer al resto de catalanes su modelo de sociedad", ha dicho, antes de añadir que los actuales gobernantes quieren convertir España en Venezuela.
Sea como sea, la gran multitud de manifestantes que se han acercado este domingo hasta Barcelona, muchos incluso llegados de otros lugares de España, mandan un claro mensaje a Sánchez: no todo el mundo está a favor de amnistiar a Carles Puigdemont y compañía, mucho menos cuando los impulsores del procés nunca se han arrepentido de ello y cuando esta medida de gracia solo favorecería a los encausados y a quienes quieren conservar el poder, entre ellos, el presidente en funciones.