El Govern intenta convencer a los cónsules de que la inmersión es "un modelo de éxito" antes de que la investigue la Eurocámara

La inminente visita de una misión del Parlamento Europeo a Cataluña a finales de este año para investigar in situ la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán impuesto por la Generalitat en las tres últimas décadas ha puesto en alerta a los dirigentes del Govern. El Ejecutivo secesionista está llevando a cabo una campaña propagandística para intentar convencer a las autoridades comunitarias de que su sistema educativo público con sólo un idioma como vehicular -excluyendo al castellano, salvo en la clase de Lengua- es "un modelo de éxito". Una consigna que trasladó ayer viernes a una veintena de cónsules, a los que llevó a visitar un par de escuelas locales y a quienes intentó convencer de su punto de vista, obviando asuntos espinosos como, por ejemplo, su férreo rechazo a aplicar la sentencia judicial firme que obliga a impartir en todo el sistema al menos un 25% de clases en castellano, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Las conselleras de Acción Exterior, Meritxell Serret, y de Educación, Anna Simó, fueron las encargadas de guiar a los cónsules en una visita a las escuelas La Muntanyeta de Barcelona y Francesc Aldea, de Terrassa.

"Modelo de éxito"

La jornada propagandística, organizada por ambas consejerías y la Cultura, pone en evidencia la incomodidad que la misión de la Eurocámara genera en el Govern, y forma parte de las numerosas acciones que está llevando a cabo para impulsar el catalán tanto a escala local como internacional.

Y es que, según reconoció la propia Serret, para la Generalitat resulta "indispensable" que los miembros de los cuerpos consulares "conozcan de primera mano el sistema", que a su modo de ver es "de éxito" -a pesar de que Cataluña encabeza los ránkings de abandono escolar prematuro y de falta de comprensión lectora de toda España-, y que "responde a un gran consenso de país", aunque no se ha consultado a la ciudadanía sobre el mismo para hacer tal afirmación.

En opinión de la mandataria de ERC, "por medio del modelo de escuela catalana, los cónsules hacen también una aproximación de cómo es la sociedad catalana". A su juicio, la inmersión monolingüe obligatoria en catalán permite "construir una sociedad más cohesionada, con más igualdad de oportunidades para todos y más próspera".

Críticas a los defensores del bilingüismo en las aulas

Tanto Serret como Simó atribuyeron las críticas a la supresión del bilingüismo y la exclusión del castellano como lengua también vehicular a supuestas cuitas políticas para "atacar y menospreciar" lo que llaman "modelo de escuela catalana".

Sea como fuere, Simó consideró positivo que los representantes consulares conocieran el modelo educativo de La Muntanyeta, donde se aplica un proyecto lingüístico que, según enfatizó, está revirtiendo el hecho de que hace dos años el 90% de los alumnos hablara castellano fuera del aula.

En su opinión, "el conflicto lingüístico no existe en las aulas" de Cataluña, y quien "lo quiere generar responde a una estrategia política".

Silencio sobre el rechazo al 25% de castellano

Tanto Simó como Serret, sin embargo, reconocieron no haber hablado con los cónsules de las numerosas sentencias judiciales que instan a impartir al menos un 25% de las clases en castellano, en una autonomía bilingüe y donde el español también es lengua oficial.

Los representantes consulares que visitaron ambas escuelas fueron los de Alemania, Argelia, Bélgica, Ecuador, Francia, Portugal, Québec, República Dominicana, China, México, Hungría y un miembro de la Unión Europea.

Por otra parte, Serret expresó la "plena disposición" del Govern secesionista a trabajar para que la propuesta de que el catalán, el gallego y el euskera se puedan hablar en el Parlamento Europeo, donde se votará sobre esta cuestión el próximo martes.

Inquietud en el Govern

La misión de la Eurocámara del próximo mes de diciembre para investigar la inmersión lingüística en Cataluña pretende observar si se respetan los derechos de los alumnos castellanohablantes, así como analizar las razones del incumplimiento por parte de la Generalitat de la sentencia firme del TSJC que obliga a dar al menos un 25% de clases en castellano en todo su sistema educativo público. Un porcentaje mínimo que la consellera Simó considera una "estrategia política que busca dificultar el aprendizaje del catalán y romper la convivencia", según sus palabras.

"Algunos quisieran que el catalán fuera una lengua pequeña, un idioma acomplejado, de casa, un patois, y que lo mantuviéramos en un rincón donde no estorbara. Pues no, nosotros no nos rendimos porque eso es minorizar una lengua", llegó a decir ante los medios.