Seis sentencias del Constitucional sobre vivienda en un año: el otro conflicto territorial

El Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), entidad dependiente de la Generalitat, ha analizado la doctrina del alto tribunal, que en 2022 dictó cinco sentencias sobre las medidas adoptadas por el Govern y el Parlament en materia de vivienda. A ese fallo se ha añadido este año otra resolución sobre la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana.

Competencia estatal

A juicio del TC, la Constitución reserva al Estado la legislación básica de derecho civil, por lo que las autonomías no pueden regular cuestiones como el límite de los alquileres o las alternativas habitacionales para familias vulnerables. De ahí que los jueces del alto tribunal --sin unanimidad, eso sí-- hayan invalidado artículos de las leyes catalanas y valenciana.

Varios edificios de viviendas vistos desde el mirador del Poble Sec, en Barcelona David Zorrakino - Europa Press

Los expertos del IEA indican que esos dictámenes revelan los dos problemas que afrontan las comunidades autónomas en este ámbito. El más evidente es el competencial, pero añaden el necesario respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. "En la resolución de los procesos constitucionales relativos a las controversias competenciales en el ámbito de la vivienda se echa en falta una referencia al derecho a la vivienda digna y adecuada, y a la obligación que tienen los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (artículo 47 de la Constitución Española)”, indican los analistas del instituto.

Cercanía a la realidad

Añaden que, “en efecto, no es una norma de atribución competencial, pero tampoco se puede olvidar que el ejercicio de las competencias autonómicas no responde a una simple formulación teórica aislada de la realidad, sino que persigue objetivos fijados por las normas que integran el bloque de la constitucionalidad, singularmente la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Concluyen que en la resolución de las controversias competenciales “el Tribunal también debería ser cercano a la realidad que nos rodea y demostrar ser consciente del drama humano y social que plantea actualmente un acceso a una vivienda y la obligación que tienen las Administraciones de dar respuesta”.

La conflictividad continúa

La conflictividad territorial que genera la regulación de la vivienda tendrá un nuevo episodio el próximo 1 de septiembre, cuando está previsto que el Parlament celebre un pleno para votar si recurre ocho artículos y tres disposiciones de la ley estatal de vivienda ante el TC. El Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen en el que acusa al Estado de vulnerar la competencia exclusiva de la Generalitat en esta materia que fija el Estatut.

La controversia se refiere al tope del precio de los alquileres y a la declaración de zonas tensionadas.