Actuar como radares lingüísticos. Es la nueva idea de Plataforma per la Llengua, entidad que ahora pide denunciar aquellos rótulos públicos que no "estén correctamente señalizados en catalán". La autodenominada oenegé del catalán llama a la ciudadanía a colgar las imágenes en las redes sociales, indicando "la localización exacta" para que se pueda detectar y "corregir".
Los espías del catalán toman ahora esta iniciativa ante “la situación de retroceso de derechos lingüísticos”. Según ellos, son una herramienta "imprescindible para detectar las vulneraciones de derechos y tomar acciones para revertirla".
Docenas de denuncias por redes
El verano es una de las épocas en las que más movilidad hay. Por eso, la nueva campaña de Plataforma per la Llengua quiere aprovechar que los ciudadanos se desplazan para pedirles que denuncien "todos aquellos carteles que no se encuentren, al menos, en catalán", expresan en un comunicado. Ello con el objetivo de "frenar la involución" que, a su parecer, está sufriendo la lengua catalana.
Después de recibir las imágenes, la entidad "notificará estas irregularidades y velará para que se arreglen". La iniciativa ha tenido ya docenas de denuncias a través de Twitter, por donde sus afines repudian la presencia de carteles rotulados en castellano.
Restaurantes, carteles en carreteras…
Restaurantes, supermercados y carteles en carreteras son los más criticados, tal y como ha podido comprobar este medio. Pero no es la primera vez que los espías de la lengua hacen listas negras de locales que no utilizan el catalán en sus páginas web y aplicaciones. En este sentido, hace un tiempo la entidad pasó "un control de calidad lingüística" que señalaba a Taco Bell, Papa John’s Pizza, Dunkin, Telepizza, Domino’s Pizza, Mcdonald’s, KFC, Burger King, Foster’s Hollywood y Starbucks.
Pero no solo atentan contra las grandes cadenas, también contra los pequeños establecimientos, como un restaurante de Castelldefels o una carnicería del centro de Barcelona. "Si queremos vivir en catalán, hay que presionar", expresan los afines.
Multas lingüísticas
Cinco años después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara las multas lingüísticas en el ámbito del comercio, el Govern las mantiene. Tal y como explicó este medio, en 2022, la Agencia Catalana del Consumo --que depende de la Consejería de Empresa-- impuso 68 sanciones, que comportan el pago de 112.606 euros, frente a las 16 de 2021, que se saldaron con 17.350 euros.
La pandemia del Covid supuso un punto de inflexión debido a la paralización de la actividad económica, pero este tipo de multas siguieron vigentes. Y se nutren, en muchas ocasiones, de denuncias de Plataforma per la Llengua, una entidad hipersubvencionada que incita a destapar todo lo que tenga que ver con expresarse en castellano.