Plataforma per la Llengua, la entidad ultranacionalista subvencionada por la Generalitat célebre por espiar la lengua que hablan los niños en las escuelas de Cataluña -entre otras actividades de acoso, señalamiento y delación lingüística para erradicar el uso del castellano en la esfera pública- ha denunciado a España por un supuesto ciberespionaje a cinco de sus dirigentes, tres de los cuales residen en Bélgica.

La justicia de dicho país -que desde 2017 ha rechazado las órdenes de entrega de mandatarios fugados de la justicia española por el procés secesionista, como Carles Puigdemont- ha admitido a trámite la querella, en la cual la autodenominada "ONG del catalán" acusa al Estado de haber espiado los teléfonos móviles de cinco miembros de su dirección. Entre ellos, su presidente, Òscar Escuder, y su directora, Rut Carandell, a su vez cuñada del expresidente de la Generalitat Quim Torra, y ambos residentes en España.

Fase de instrucción

En la querella, Plataforma per la Llengua, exige que el Estado español identifique al responsable del teléfono que supuestamente infectó esos cinco móviles, y también que la agencia de la Unión Europea sobre cooperación judicial Eurojust investigue si España siguió pasos legales para llevar a cabo ese presunto ciberespionaje de teléfonos ubicados en Bélgica. El caso se encuentra en fase de instrucción.

Según han dicho Escuder y Carandell este jueves en Barcelona, en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas junto a sus abogados Josep Jover y Catherine Forget, el supuesto ciberespionaje se produjo en 2021 y creen tenerlo certificado desde finales del año pasado: es decir, casi medio año antes de su intervención pública de hoy.

El encargado de investigar la denuncia -inicialmente dirigida contra funcionarios del Estado- será el juez instructor del tribunal de primera instancia de Bruselas, Olivier Anciaux.

Acusaciones

Plataforma per la Llengua acusa a España de seis delitos según la legalidad belga:intromisión en el sistema informático de los teléfonos móviles; injerencia arbitraria en las libertades fundamentales de los supuestos espiados; intercepción de mensajes de móviles; violación de datos informáticos y del secreto de las comunicaciones.

La entidad ultranacionalista confía que el hecho de recurrir a la justicia de Bélgica por ese supuesto espionaje a tres de sus dirigentes residentes en dicho país contribuya a reavivar las acusaciones vertidas por otros dirigentes, partidos y entidades secesionistas contra España mediante la campaña que denominan Catalangate.

'Caso Pegasus'

Cabe recordar que este asunto ha generado controversia, dado que las acusaciones de los mandatarios secesionistas y sus partidos y entidades afines contra España -que han abierto incluso una comisión para hablar de ello en el Parlament- contrasta con los desmentidos por parte del Gobierno central. Así, mientras los primeros acusan al Estado de haber espiado hasta a 65 personas, el Ejecutivo lo ha negado de forma categórica, pues explicó que hubo una vigilancia por parte del Centro Nacional de Inteligencia, con autorización judicial y plenamente legal, a un total de 18 dirigentes por su vinculación al proceso secesionista de Cataluña. 

Asimismo, desde el constitucionalismo y otros ámbitos como el académico también se ha cuestionado la credibilidad de tales acusaciones. Entre otras cuestiones, porque las supuestas infecciones de esos 65 móviles con Pegasus se basan en análisis realizados por CitizenLab, un controvertido organismo dependiente de la Universidad de Toronto, y no han sido contrastados ni verificados por ninguna otra entidad. Ni siquiera por autoridades judiciales, dada la negativa de las supuestas víctimas a entregar dispositivos.

Polémica con Citizenlab

Entre los detractores de ese polémico estudio de parte de Citizenlab figuran más de un centenar de académicos, que reprochan su sesgo favorable a los dirigentes del procés --uno de sus ocho coautores es, de hecho, el activista secesionista Elies Campo--, la opacidad de sus métodos,su falta de neutralidad, transparencia y de rigor científico, y sus modificaciones de datos a posteriori, entre otras críticas. Dicho laboratorio canadiense, de hecho, ha rechazado que otras fuentes externas independientes puedan investigar su metodología ni corroborar la veracidad de sus datos. Entre otras cuestiones, para comprobar la posible existencia de falsos positivos de espionaje en los teléfonos móviles que dice haber indagado. 

Los críticos con la labor de Citizenlab sospechan, además, que tras esas acusaciones -en las que se incluyen como supuestas víctimas a algunos abogados de dirigentes secesionistas, como Gonzalo Boye o Andreu van den Eynde- tienen como finalidad, además de cuestionar la imagen de España y sus instituciones democráticas en el extranjero, invalidar los juicios pendientes de algunos de esos mismos mandatarios en causas como la de Tsunami Democràtic, o desviar la atención de la llamada trama rusa del procés que se investiga en la Eurocámara, entre otras. 

Subvenciones millonarias de la Generalitat 

Sea como fuere, desde Plataforma per la Llengua -a la que la Generalitat de Cataluña ha asignado medio millón de euros en subvenciones en sus Presupuestos de 2023, y a la que ha concedido más de tres millones de euros públicos en los últimos cinco años- y de su entorno se está difundiendo a bombo y platillo la noticia de la admisión a trámite de su querella. Entre ellos, por ejemplo, el poeta nacionalista Joan-Lluís Lluís, que en sus redes sociales anima a seguir contribuyendo con esta entidad: "¿Ya eres socio de Plataforma per la Llengua? ¿No? Pues sería un buen momento..."

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