La otra pelea entre ERC y Junts: el gran contrato de rehabilitación en Cataluña

Es la otra gran pugna entre ERC y Junts además de la que enfrenta a los independentistas por la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Republicanos y neoconvergentes se enfrentan por la rehabilitación en Cataluña, un servicio sanitario que también constituye un jugoso negocio y en el que se dilucida el tradicional debate sobre si la sanidad debe ser pública al 100% o externalizarse en parte para ganar eficiencia.  

Lo explican fuentes del sector sanitario, que alertan de que el Departamento de Salud, en manos de ERC, acaba de renovar el macrocontrato de forma urgente hasta el 31 de diciembre. El encargo inicial se adjudicó en 2013 para 10 años, por lo que la consejería de Manel Balcells (ERC) debe licitar uno nuevo este mismo ejercicio. De momento y mientras lo prepara, ha prorrogado el actual hasta final de año. 

El nuevo concurso: internalización

Pero es que no habrá renovación automática. La consejería de Balcells maniobra para internalizar parte del servicio. Que lo hagan, pues, fundaciones o consorcios que ya se encuentran dentro de la red pública concertada.

Con ello, el equipo del conseller de ERC buscaría reforzar la prestación pública y evitar que se generen malas praxis, como pasó con la anterior licitación de 2013. De este modo, parte de la rehabilitación seguiría externalizada, pero la mayoría pasaría a ser prestada por entes públicos. 

ERC da la vuelta al sistema

Se trata, de hecho, de una línea de trabajo que los republicanos han desplegado en otros campos. El partido del president, Pere Aragonès (ERC), apuesta por la titularidad pública de los servicios, frente a otras fórmulas que primen la eficiencia. Lo hizo, por ejemplo, transformado la "naturaleza jurídica" del SEM recientemente para acercarla a la estructura de la Administración autonómica. 

Desde el sector sanitario recuerdan que los independentistas cuentan con un cuarteto para abrir paso a esta apuesta ideológica en salud: el propio conseller Balcells; Ramon Canal, director del CatSalut; Mercè Salvat, secretaria general del departamento, y Jordi Albert, diputado, portavoz en la Comisión de Salud y enganche parlamentario de la estrategia. Su impronta se ha visto, también, en los últimos cambios en los consorcios y el ICS. 

Parte del sector se opone: "Será un mal negocio"

Esa es la intención de ERC: que parte de la rehabilitación la asuma la macroestructura de la Generalitat, y no las empresas privadas especializadas. Pero parte del sector se opone. Recuerdan que si el macrocontrato lo pasan a controlar empresas de la red concertada, "se encarecerá" por el cambio de convenio --de la sanidad privada al de la concertada--. Asimismo, se obligará a los centros que asuman la actividad a contratar como fijos a los fisioterapeutas que tienen contratados de forma temporal. "Lo dice la doctrina del Tribunal Supremo", alertan. 

Hay más. Un directivo del sector recuerda que los operadores públicos o semipúblicos "tendrán que quedarse con el personal de estructura" de los actuales adjudicatarios, pues es lo que fija la jurisprudencia. Asimismo, advierten de la "litiogisidad" de los falsos autónomos del sector, que tendrán que encajar los públicos. 

Por todo ello, parte de la industria argumenta que la internalización de algunos lotes del contrato "será un mal negocio". 

Polémica y multa de Competencia

Este es el debate que afecta a este macrocontrato, que tuvo un presupuesto de 203 millones en su último reparto en 2013. Se espera que los partidarios de la internalización total o parcial se escuden en el descontrol que hubo en la licitación de hace 10 años. Se descubrió que el entonces director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, era apoderado de seis de las empresas adjudicatarias. 

Ante ello, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió investigación, pero la cerró sin hallar indicios de irregularidades. Tras ello, la Autoridad Catalana de Competencia (Acco) también actuó. El organismo falló en 2016 que cuatro empresas se habían repartido el mercado, por lo que las multó con un millón de euros conjuntamente. La Acco afeó que las firmas, entre las que se encontraba Corporación Fisiogestión, donde Padrosa era apoderado, generaron un "funcionamiento anómalo" del libre mercado y presentaron precios más altos de lo que tocaría si hubiera habido concurrencia. 

Esa controversia sobrevuela ahora el debate sobre la titularidad y prestación del servicio.