Junts, del legado convergente a la “confrontación” con España

Las elecciones generales del 23J han puesto en el centro del escenario político a Junts per Catalunya. Los siete diputados de la formación del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont tienen ahora la llave de la gobernabilidad del país. El PSOE los necesita en el Congreso para que Pedro Sánchez sea investido presidente e iniciar la legislatura, aunque el precio a pagar por ello se presenta a priori inasumible. Su exigencia de obtener una amnistía para los procesados y fugados por el procés, de realizar un referéndum de “autodeterminación” en Cataluña, su apuesta por la “confrontación” con España y su nacionalismo radical, a veces rayano en la hispanofobia, lo convierten en un hipotético aliado parlamentario muy poco fiable.

Y es que, si bien Junts comparte buena parte de los postulados populistas e identitarios de ERC -cuyo apoyo parlamentario fue importante para que el anterior Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos pudiera sacar adelante algunas de sus iniciativas-, su radicalidad y falta de flexibilidad va un paso más allá. Lo cual poco o nada encaja con un denominado “bloque de izquierdas”.

Empezando por sus orígenes. Y es que, si bien su bautizo electoral se produjo en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, los antecedentes de Junts se remontan a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), formación nacionalista de derechas de la cual es heredera, y de la que procede buena parte de sus dirigentes: desde el propio Puigdemont hasta su secretario general, Jordi Turull -indultado por el Gobierno en 2021 tras haber sido condenado por el procés-, pasando por un sinfín de cargos en las instituciones y consejerías de la Generalitat en los últimos años.

Carles Puigdemont, saludando al fundador de CiU, Jordi Pujol, en un acto de 2017 EFE

Del 'Programa 2000' a los recortes de Artur Mas

Su ascendencia en parte del electorado nacionalista catalán no se entendería sin ese pasado convergente, pues ese fue el partido que, de la mano de su fundador, Jordi Pujol, gobernó el Ejecutivo catalán de forma ininterrumpida durante 23 años: de 1980 a 2003. Una era en la cual los sucesivos Gobiernos centrales transfirieron a la autonomía importantes competencias, entre ellas la Sanidad y la Educación -en cuyo sistema público se acabó imponiendo, por ejemplo, la inmersión monolingüe obligatoria en catalán-, al tiempo que desde la Generalitat se imprimía un marcado carácter identitario tanto a las instituciones como a la sociedad en general. Algo que ya se desprendía del llamado Programa 2000, un informe de los años 90 de autoría difusa, pero que, según desvelaron en su día El País y El Periódico, habría pasado por diversas consejerías del Govern y las altas esferas de Convergència. Una suerte de plan de ingeniería social que, con el paso del tiempo, evidencia que se ha cumplido en muchos de sus puntos.

Esa hegemonía convergente empezó a truncarse a partir de 2011, tras la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Las políticas neoliberales, las privatizaciones y los severos recortes sociales aplicados por el exmandatario convergente -sobre todo, en Sanidad y Educación- derivaron en un malestar social que, al igual que en el resto de España, cristalizaron en mayo de ese año en las protestas de los indignados del 15M. Una indignación que un pequeño grupo de ellos llevó al extremo semanas después manifestándose el 15 de junio de ese año ante el Parlament, protestas que Mas decidió evitar entrando en helicóptero.

Del fantasma de la corrupción al inicio del 'procés'

Casualidad o no, ese malestar con la obra de gobierno convergente, las sospechas de algunos casos de corrupción del partido que empezaban a aflorar, y la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que recortó el nuevo Estatut desembocaron en el inicio del procés, del cual Mas fue uno de sus primeros impulsores. Fue en esa época cuando el president empezó a enarbolar la bandera del “pacto fiscal” -rechazada por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en septiembre de 2012-, y a continuación del soberanismo, aunque la estrategia tampoco le funcionó. Su adelanto electoral en las autonómicas del 25 de noviembre de 2012 fue un fracaso, pues a pesar de revalidar su mandato, Convergència perdió 12 escaños, mientras ERC le comía terreno duplicando su presencia en el Parlament. Ese mismo año fue, por otra parte, el de la fundación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de las entidades privadas que han liderado el movimiento secesionista catalán desde entonces, y que hoy por hoy más preconizan la unilateralidad y el bloqueo de la formación de un nuevo Gobierno en España.

El pulso con los republicanos fue intensificando el discurso independentista de Convergència, al tiempo que iban trascendiendo presuntos escándalos de corrupción en su seno -en especial, el caso Palau, por el que fue condenada en 2020, y los casos 3% y Pujol, pendientes de resolver-, que desembocaron posteriormente en su desaparición como marca electoral. Ya en 2015, se fraguó la ruptura de su histórica federación con Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que no compartía su cambio de rumbo ideológico.

Descomposición y referéndum ilegal

Convergència había entrado en fase de descomposición, y paralelamente Mas iba redoblando la gesticulación independentista desde el Govern. Un claro ejemplo de ello fue la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, preludio del referéndum ilegal celebrado casi tres años después. Para llevar este último a cabo, el del 1-O, el mandatario convergente convenció a ERC para diluirse junto a Convergència en una coalición electoral que integraba a políticos de ambos partidos, miembros de entidades afines como la ANC y Òmnium, e independientes secesionistas de cara a la convocatoria de unas elecciones autonómicas “plebiscitarias” en septiembre de 2015, con la secesión como único punto de su programa. Esa amalgama se denominó Junts pel Sí, y ganó. Mas intentó seguir siendo presidente, pero su investidura resultó fallida. Así, en enero de 2016, el hasta entonces alcalde convergente de Girona, Carles Puigdemont, tomó su relevo.

Artur Mas, junto a un gráfico promocional del programa con el que Junts pel Sí se presentó a las autonómicas de 2015

Habiendo logrado mantener el poder autonómico, ya en julio de 2016, los dirigentes de CDC suspendieron de forma definitiva la actividad política de su partido, e impulsaron la creación del PDECat, al cual se incorporaron gran parte de sus dirigentes, empezando por el propio Mas, que lo presidió hasta 2018.

Presidencia de Puigdemont

Con Junts pel Sí al frente de la Generalitat, se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia en el Parlament del 27 de octubre de 2017, desbaratada ese mismo día con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y que dio lugar a la convocatoria de unos nuevos comicios autonómicos justo dos meses después. En ellos concurrió por primera vez la marca Junts per Catalunya, una coalición liderada por el propio Puigdemont -por entonces, ya fugado de la justicia en Bélgica- y que englobaba a partidos como el propio PDECat, pero de la cual se desvinculó ERC, que se presentó en solitario con sus propias siglas.

El ganador de los comicios del 27 de diciembre de 2017 fue un partido constitucionalista, Ciudadanos (Cs), pero Junts per Catalunya y ERC se aliaron para mantener el poder en la Generalitat, siendo investido presidente Quim Torra. Ya a finales de 2019, Puigdemont y sus dirigentes afines consiguieron adueñarse de la marca electoral JxCat, si bien esta había sido inscrita un año antes en el Registro de Partidos Políticos por la dirección del PDECat, hecho que ha derivado en una larga y compleja disputa entre ambos sobre su propiedad.

"Confrontación" e hispanofobia

Sea como fuere, el nuevo Junts continuó contando entre sus dirigentes con un elevado número de mandatarios procedentes de la ya entonces desaparecida Convergència, previo paso por el PDECat. Entre ellos, por ejemplo, exconsellers como Meritxell Budó, Jordi Puigneró y Miquel Buch, cargos de todo tipo o las ya exalcaldesas de Girona y Vic Marta Madrenas y Anna Erra, en la actualidad presidenta del Parlament. 

Siendo la “confrontación” con el Gobierno de España uno de los principios del manifiesto fundacional del actual Junts, parte de estos dirigentes, así como otros incorporados en sus filas en los últimos años -caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra, la expresidenta del Parlament Laura Borràs, recientemente condenada por su gestión al frente la Institució de les Lletres Catalanes y pendiente de recurso, o el expresidente de la Cambra y ahora diputado Joan Canadell-, han mantenido un marcado discurso populista e identitario. Y también un nacionalismo extremo en ocasiones excluyente e hispanófobo, tanto en algunas de sus manifestaciones públicas como en diversos escritos. Tal fue el caso de Quim Torra en algunos artículos y mensajes en sus redes sociales antes de iniciar su carrera política, algunos de ellos eliminados como los de bajo estas líneas.

Tuits hispanófobos de Torra en 2012, que eliminó tiempo después TWITTER

La sombra de la presunta 'trama rusa' del 'procés'

Ya en fechas más recientes, la formación de Puigdemont se ha visto salpicada por otras polémicas, como los presuntos contactos de algunos dirigentes de su entorno político con emisarios rusos antes de la DUI de 2017.

La denominada trama rusa del procés, que supuestamente no llegó a ser tomada en consideración por parte de dichos dirigentes secesionistas ni por Puigdemont, ha sido puesta bajo la lupa de la Eurocámara, y un reciente informe de la Comisión Europea se ha hecho eco de los supuestos intentos de Rusia de interferir y usar el secesionismo catalán en el pasado con el fin de desestabilizar a la UE a través de uno de sus países miembros como es España. Sea como fuere, es algo que se está investigando -la justicia archivó una relacionada con el caso Voloh el año pasado- y pendiente de aclarar.