El Govern de la Generalitat da una vuelta más a la rueda de la inmersión lingüística y ha anunciado que despliega 73 medidas para blindar el catalán. Las iniciativas contemplan movilizar, incluso, a pediatras y comadronas.
Así lo han explicado este martes las conselleres de Cultura, Natàlia Garriga, y de Educació, Anna Simó, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.
Dardo al TSJC
Durante la presentación, la responsable de Educació ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusándolo de suplantar las competencias que no puede ejercer. "El TSJC no tiene función pedagógica, no la tiene reconocida por ley, y no debería meterse en competencias ajenas", ha sentenciado.
La republicana no ha disimulado su malestar por la sentencia del Alto Tribunal catalán que ordena impartir un 25% de asignaturas en castellano en otros tres centros educativos de Cataluña y fija que la lengua castellana sea la vehicular en alguna asignatura troncal que no lingüística. Es decir, la misma decisión que había tomado con anterioridad en otros centros en los que las familias se movilizaron.
"El TSJC ha entrado en campaña, impidiendo al departamento de Educación acceder a información que filtraba a la prensa y notificándonos hoy esta sentencia, contra la que presentaremos recurso de casación al Supremo", ha anunciado Simó.
"Tres casos"
La titular de Educación ha desafiado a los magistrados que reconocen el derecho al 25% de educación en lengua castellana. Les ha advertido de que el Govern "no permitirá" que el Poder Judicial asuma funciones pedagógicas. Por el momento, confía en el recurso de casación que impide que la sentencia sea firme ya que eleva a otra instancia judicial la pugna.
"En Cataluña ha habido una unión de partidos, de la sociedad civil y de la Generalitat" ha manifestado en relación a la nueva normativa lingüística escolar. La normativa que se pactó incluso con PSC y Comunes y que implicaba recuperar el llamado plan Bargalló por el conseller que la presentó e implicaba reforzar el catalán en los territorios con dominio de castellano y viceversa. Con todo, un decreto posterior del Govern ya en minoría la laminó.
La republicana, que no ha hecho referencia a este detalle, se ha limitado a cargar las tintas contra la justicia. Y lamenta que se cambie el escenario al dar importancia a "tres casos, de tres alumnos, en tres escuelas". Es decir, las familias que recurrieron a la justicia.
Desde la cuna, en catalán
En cuanto al despliegue de medidas para blindar la lengua catalana, las 73 medidas iniciativas, han sido "consensuadas entre el Departament de Cultura y el Departament d'Educació y cuentan con un presupuesto, un calendario y un responsable", ha explicado la titular de Cultura, Natàlia Garriga. Ha afirnado que serán "el plan definitivo" para blindar el catalán.
Los diez primeros puntos de esta nueva ofensiva implican también la colaboración de otros departamentos del Govern, como el de Salut. En este caso, para divulgar la iniciativa Nascuts per llegir con la que se busca brindar "herramientas a las familias para que sean conscientes de los beneficios de la lecutra y la fomenten desde bien pequeños". Es decir, reforzar una de las tradiciones orales más importantes desde la primera infancia.
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