El Govern tendrá que pagar 24 millones a los ayuntamientos por la 'chapuza' de las guarderías

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Govern a pagar de forma inmediata 24 millones de euros por la chapuza en la financiación de las guarderías municipales. El origen del conflicto es una denuncia interpuesta por 27 consistorios catalanes en 2017 contra la Generalitat por los impagos de las partidas que les permitían mantener las escuelas infantiles durante tres cursos consecutivos, desde 2013-14 hasta 2016-17. 

Cabe tener en cuenta que en esa franja de edad la educación no es obligatoria y que son los municipios los que se han encargado de responder a la demanda de plazas públicas de las familias. Por lo que la financiación del Govern en demasiadas ocasiones es clave para su supervivencia. 

La justicia ha puesto fin de esta forma a un litigio que se inició en diciembre de 2017 en una interlocutoria a la que ha tenido acceso Crónica Global. En ella, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo requiere al Govern que "satisfaga inmediatamente y en ejecución de sentencia y abone de una sola vez a los ayuntamientos referidos las cantidades líquidas" que demandaron. 

Ayuntamientos denunciantes

Recurrieron a los tribunales los consistorios de Barberà del Vallès, Camprodon, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Montmeló, Montseny, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Pont de Vilomara i Rocafort, El Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besos, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, El Vendrell y Viladecans. 

El consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, en una comparecencia en el Parlament / EP

En julio, el mismo tribunal estimó un último recurso de los ayuntamientos litigantes en el que se reconocía su derecho a percibir 1.300 euros por cada alumno de las guarderías de titularidad municipal que atendían. La Generalitat, ya con Josep González-Cambray en la consejería de Educación, intentó dilatar los pagos aunque, finalmente, la sala presidida por María Luisa Pérez Borrat decreta que debe hacer frente a la factura pendiente con las Administraciones locales. 

Esta noticia irrumpe a pocos días de las elecciones municipales del 28 de mayo en las que ERC se juega su liderazgo en varias localidades. 

Los recortes salen caros

La chapuza con la financiación de las escuelas infantiles comenzó en 2011 a raíz de los recortes aplicados por el gobierno de Artur Mas. La Conselleria de Educación empezó a reducir las ayudas destinadas a la educación de 0 a 3 años, pasando de los 1.800 euros anuales por niño a los 1.600; después a los 1.300 y, en 2014 las eliminó. 

Las familias y los ayuntamientos se echaron entonces las manos a la cabeza porque no podían ser ellos quienes asumiesen ese gasto. Sin embargo, tras varios procedimientos, el TSJC condenó a la Generalitat a indemnizar a los gobiernos locales por los impagos a las guarderías. 

Un menor en una guardería de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Concretamente, la justicia obligó al Govern a pagar las aportaciones correspondientes pendientes de esos cursos, el equivalente a 1.300 euros por niño, más los intereses de demora. 

Indemnización e intereses

Tras los reiterados intentos de la Generalitat de dejar sin efecto la sentencia de 2017, el TSJC se ha reafirmado este miércoles en que deberá pagar esa cantidad por alumno a 26 ayuntamientos de Cataluña, lo que equivale a un total de 24.023.116 euros. Una cifra a la que deben sumarse los intereses que han sido calculados en 3.664.676,98 euros, según el auto. 

La Generalitat no podrá activar otra maniobra para intentar retrasar el pago. El TSJC decreta que se debe abonar de una sola vez. 

Recurso de la Generalitat

A pesar de ello, la Consejería de Educación del Govern secesionista ha anunciado que recurrirá el auto del TSJC.

Fuentes del departamento han manifestado a Europa Press que desde el curso 2019-2020 "se ha revertido este recorte que data de 2012" y que, respecto al retorno de la deuda a los ayuntamientos, se han pagado, por retrasos, al menos 26 millones de euros y se seguirán haciendo pagos hasta 2029, según su versión.