Investigan al jefe de la Urbana y un concejal de Rubí por "amiguismo" con una regidora por una multa

El Juzgado número 3 de Rubí investiga al jefe de la Policía Local, Oriol Sánchez Vidal, y al ex teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Güeto Ortiz, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. Se les acusa de "amiguismo" por eximir a otra concejal del equipo de gobierno, María Mas Arrufat (PSC), de pagar tanto el coste de una multa por aparcar mal en la ciudad como las tasas de la grúa municipal que le había retirado el vehículo. 

Así lo indica una denuncia presentada por Ciutadans Rubí el 2 de junio de 2022, a la que ha tenido acceso este medio. En ella, se relata que el 27 de noviembre de 2018 varios agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Rubí requirieron a la Guardia Urbana la retirada de un vehículo estacionado en una zona reservada para ellos. Después, se supo que la titular del coche que se había llevado la grúa era Mas Arrufat, concejal del ayuntamiento. 

Retirada “sin cargo”

Dos agentes de la Guardia Urbana se personaron entonces en el número 6 de la calle Terrassa de la ciudad, donde se encontraba el vehículo. Tras poner la multa pertinente, se lo llevaron al depósito municipal. De allí saldría poco después. Lo hizo sin que su propietaria tuviera que pagar nada, por orden expresa del jefe de la policía de la localidad, según consta en la denuncia.

Estacionamientos reservados para la Policía Nacional en la calle Terrassa número 6 de Rubí, donde denunciaron el vehículo de la concejal del PSC / GOOGLE STREET VIEW

Según se detalla en el texto, no fue la propietaria del vehículo quien lo sacó del depósito, sino el entonces teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Güeto Ortiz. 

No dan explicaciones

El 7 de enero de 2021, más de dos años después de que se interpusiera la denuncia, un agente de la Policía Local de Rubí registró una instancia en el ayuntamiento para preguntar si tenían pensado abonar tanto la multa a la concejal socialista como el coste de la grúa.

En la misma instancia, desde el cuerpo de seguridad se animaba al consistorio a “determinar responsabilidades penales al respecto de la actuación posterior por parte del jefe de policía y el concejal”. No se respondió, por lo que mandaron un segundo requerimiento que iba en el mismo sentido. 

Comisaría de la Policía Local de Rubí / GOOGLE STREET VIEW

Denuncia en Antifrau

Desde la policía de Rubí se explica que, en ese momento, tras las dos instancias registradas en el ayuntamiento, y sin que hubiese habido respuesta alguna, se denunciaron los hechos ante la Oficina Antifraude. Fue entonces cuando el jefe del cuerpo de seguridad habría justificado su comportamiento, asegurando que "el agente denunciante estaba dispuesto a retirar la multa", cuestión que fue desmentida de forma rotunda por él mismo. Lo hizo ante la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de Granollers, la división que se ha encargado de la investigación interna del caso. 

"Se le llegó a mostrar un documento en el que, presuntamente, manifestaba y firmaba su conformidad de dejar la multa sin efecto”, manifiestan los mismos interlocutores. El papel está también en los juzgados, ya que se apunta a que los promotores de esta coartada "podrían haber incurrido en un delito de falsificación de documento público”.

Investigación en curso

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las diligencias de la causa contra Oriol Sánchez Vidal y Rafael Güeto Ortiz se abrieron en julio del año pasado. El procedimiento está en fase de instrucción y la sala encargada de las pesquisas ha requerido varios informes sobre los hechos ocurridos en 2018. 

Ya han declarado varias personas ante los Mossos d’Esquadra. Entre ellas, el jefe de la Policía Local, a quien se le tomó declaración en la comisaría de la Guardia Urbana de Rubí.

Respuesta del consistorio

Desde el Ayuntamiento de Rubí mantienen que “no tiene constancia formal de haber recibido ninguna denuncia ni que haya sido acusado de los hechos” que se investigan en los tribunales. Los portavoces oficiales del consistorio aseguran que colaborarán con la justicia "para resolver cualquier duda al respecto". Aun así, en un documento emitido el 12 de marzo de 2021, el equipo legal notificaba al agente local que había pedido explicaciones al consistorio, que se trasladaba la consulta a la persona correspondiente, extremo que implica que sí tenía constancia sobre las pesquisas iniciadas.  

Asimismo, han querido dejar clara su "preocupación" por lo que consideran que es lanzar una acusación "con mucha facilidad". Ven en ello un intento de desacreditar al equipo de gobierno y la institución en periodo electoral. Cabe recordar que el exalcalde de un municipio cercano, Manuel Bustos, de Sabadell, fue condenado por retirar multas de sus familiares de forma ilegal y con abuso de poder por el cargo que ocupaba. Este hecho le llevó a entrar en la cárcel por acumulación de causas, ya que con anterioridad había sido condenado por corrupción en el marco del llamado caso Mercurio.