El instituto de Santa Coloma de Gramenet que convierte a sus alumnos en 'espías del catalán'

La práctica se titula Mengem en català? y su finalidad es que los alumnos de un instituto de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) sean “conscientes de la presencia del catalán fuera de los centros educativos”. Por ello, los docentes les han encargado un trabajo de campo, que deben presentar esta semana, consistente en visitar bares y restaurantes, comprobar si tienen el menú en lengua catalana, ofrecerse a traducirlo si carecen de él y constatar si el dueño “se ha sentido atacado”.

Familiares de alumnos de este centro se han puesto en contacto con Crónica Global para expresar su sorpresa ante esta iniciativa, dirigida a adolescentes de 15 años.

Se trata de un trabajo de campo que debe incluir observaciones y apuntes sobre el terreno, en este caso bares y restaurantes, para verificar o descartar hipótesis. El objetivo es conocer “cuál es el porcentaje de restaurantes y bares que tiene la carta del menú en catalán”, “analizar las causas de ofrecer la carta en menú en catalán o no” y “ofrecer una propuesta de traducción al establecimiento, en el caso de que no la tengan”.

Los alumnos deben hablar con los propietarios o encargados de los locales siguiendo una serie de pasos: formular la hipótesis, elegir el restaurante o bar donde se hará el trabajo de campo, hablar con el responsable del establecimiento, vaciar la información, análisis y conclusiones, y crear la carta en catalán si no la tienen.

Los alumnos están obligados a anotar el día y la hora a la que acuden al bar o restaurante, el nombre del responsable, el cargo y si ha aceptado que se le traduzca la carta del menú al catalán si carecen de ella, fotografía de la carta y de cuántos ejemplares disponen.

Reacciones del dueño

Asimismo, los docentes piden a los estudiantes que detallen cómo creen que se ha sentido el empleado o dueño del local (“si se ha puesto nervioso, si no le ha gustado, si se ha sentido atacado o le ha hecho ilusión”…), y los motivos alegados para no tener la carta en catalán. También instan a explicar la reacción ante la oferta de traducción de la carta (“si se ha negado, si ha dicho sí enseguida…”) y a qué conclusiones han llegado. Finalmente, los alumnos deben aportar la traducción del menú.

Padres de alumnos se han puesto en contacto con este medio para expresar su sorpresa. “Pensábamos que era cosa de Plataforma per la Llengua”, en referencia a la llamada ONG del catalán, una entidad hipersubvencionada dedicada a señalar y denunciar empresas y negocios que no rotulan o etiquetan en catalán. Asimismo, es la responsable de un polémico estudio sobre el idioma que utilizan los alumnos para jugar en los patios escolares.

Santa Coloma de Gramenet, ciudad del área metropolitana de Barcelona, es utilizada como ejemplo del escaso uso social del catalán. Fue la primera ciudad catalana donde se implantó el modelo de inmersión lingüística.

Uno de los padres contactados asegura que el profesorado del instituto ha asegurado a los alumnos que los bares y restaurantes que no tienen menú en catalán cometen una ilegalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2018 que, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos--, no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.

Multas lingüísticas en contra de la doctrina del Constitucional

"Ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público, puede significar la imposición a estas, a su titular o a su personal, la obligación de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales", advirtió el alto tribunal. Y añadía: no cabe imponer cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo y, menos aún, "establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales".

Pese a ello, las multas lingüísticas que impone la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa de la Generalitat de Cataluña, se mantienen: el año pasado, se registraron 68 sanciones, que comportaron el pago de 112.606 euros, frente a las 16 correspondientes a 2021, que se saldaron con 17.350.