La oposición pide "revisar" la funeraria de Reus

Primeras reacciones de la oposición municipal contra el polémico proyecto de la funeraria comarcal de Reus. Ciudadanos de Salou ha pedido al gobierno municipal una "revisión total" del operador supramunicipal después de que Crónica Global desvelara que la empresa tendrá pérdidas u un flujo de caja negativo desde el primer año. 

Según ha recogido Diari Més, Sergio Susín, cabeza de cartel de Ciudadanos en Salou, ha pedido la "revisión total" del proyecto de funeraria pública que impulsa Reus en alianza con los ayuntamientos del propio Saloiu, Vila-seca y Constantí (Tarragona). 

"Informacions muy preocupantes"

Según Susín, su petición se sustenta en "las informaciones, muy preocupantes, aparecidas en medios de comunicación en las que se indica que el Ayuntamiento de Reus oculta problemas financieros en la funeraria comarcal". 

El ahora concejal en el municipio costero ha recordado que la empresa pública "perderá dinero desde el primer año, algo que obligaría a los consistorios colaboradores a cubrir las pérdidas". 

KPMG desveló pérdidas desde 2024

En efecto, KPMG ha aflorado una situación financiera negativa del operador comarcal. El gigante auditor predice un cash-flow negativo de hasta 700.000 euros que oculta la memoria entregada por Reus a los tres ayuntamientos socios, pues la estimación oficial deja fuera inversiones iniciales y otros aspectos críticos para que el operador funcione. 

Asimismo, el dictamen de la firma revela que lejos de trabajar en equilibrio financiero, FuneCamp, nombre comercial que tendrá la enseña, perderá cerca de 300.000 euros al año con todos los epígrafes ocultos incorporados al balance. 

Los ayuntamientos tendrán que rescarla

De hecho, la nueva marca comarcal tendrá equilibrio solo si los ayuntamientos asociados realizan aportaciones de capital. Por ello, se cierne sobre la empresa el concurso de acreedores, entre otras situaciones. 

Cabe recordar que el TSJC ya ha prescrito cautela a los ayuntamientos sobre los proyectos de empresas públicas con el fin de no comprometer la "viabilidad" de las finanzas municipales. Lo dijo la segunda instancia judicial en relación al proyecto de dentista municipal de Ada Colau en Barcelona, que ha sido anulado por la justicia.