Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha heredado el contrapoder que todavía ejerce el PSC en el área metropolitana de Barcelona y que, en su día, quiso dinamitar Jordi Pujol. El llamado cinturón rojo, por las victorias socialistas y de ICV, ha permitido a la izquierda gobernar organismos supramunicipales tradicionalmente blindados a los convergentes. La presidencia de la Generalitat estaba llamada a ser la gran palanca de ERC, dotado ahora de mecanismos gubernamentales para controlar el territorio y aumentar su representación en las elecciones municipales del 28M.
Animados por la victoria en 2019 en Barcelona --el pacto de Barcelona en Comú, PSC y Manuel Valls entregó al alcaldía a Ada Colau--, los republicanos creen que, esta vez sí, pueden crecer en ciudades como Santa Coloma de Gramenet, Mataró o Sabadell. Y, para ello, arremeten contra la alianza "conservadora" de PSC y Junts per Catalunya que gobierna la Diputación de Barcelona y piden "sacar a los de siempre" de los consistorios.
Lealtad institucional
Pero las encuestas de intención de voto indican que el partido liderado por Oriol Junqueras no ha logrado su objetivo, mientras que el ADN municipalista del PSC sigue estando muy presente en la campaña. Los alcaldes metropolitanos exigen más lealtad institucional a la Generalitat.
Cuestiones como la sequía y la seguridad, aseguran, han evidenciado esa falta de apoyo. Como lo fue en su día la retirada de las subvenciones a las guarderías, el caos en la concesión de becas comedor durante la pandemia o el rechazo a infraestructuras reclamadas desde hace años, como la B-40, uno de los principales escollos en las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat de 2023 entre ERC y PSC. Finalmente, el voto socialista permitió a Pere Aragonès salvar las cuentas y, de momento, la legislatura. Pero ante la inminencia de los comicios locales, los socialistas reivindican su poder metropolitano.
En 1987, Pujol suprimió la antigua Corporación Metropolitana al considerarla un contrapoder. Casi 40 años después, y tras varias intentonas de neutralizar la organización territorial entre las que destaca la creación de vegueries, es Esquerra la que ambiciona poner fin a esa fuerza socialista que gobierna organismos tan importantes como la Diputación de Barcelona o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Para ello necesita obtener buenos resultados el 28M. Pero, tal como publicó Crónica Global en base a encuestas propias, Esquerra no logra despegar, mientras que el PSC exhibe músculo municipalista en esta campaña.
Alcaldables del Besós
Ayer mismo, los alcaldables del PSC en el Besós exigieron que la Generalitat sea "más leal con los municipios". Rubén Guijarro (Badalona), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Filo Cañete (Sant Adrià de Besòs) y Bartolomé Egea (Montcada i Reixac) pusieron como ejemplo la sequía, la vulnerabilidad, la dinamización económica, la seguridad y la vivienda en un acto en el que participó el primer secretario del PSC, Salvador Illa.
El decreto aprobado por el Govern para paliar los efectos de la sequía agrandó hace pocas semanas la grieta que separa la Generalitat de los ayuntamientos al amenazarles con multas. Igualmente agrio ha sido el debate sobre las incidencias de Rodalies, que Esquerra ha utilizado como arma electoral. Los alcaldables reclaman a la Generalitat, en este sentido, más colaboración política y menos confrontación.
Falta de Mossos
La falta de dotación de Mossos d’Esquadra en las principales ciudades de la conurbación barcelonesa también es utilizada en el pulso entre los candidatos y el Govern. De hecho, la infradotación de recursos en competencias que, en realidad, competen a la administración autonómica ha obligado a los ayuntamientos a suplir esas carencias con un sobreesfuerzo. Es el caso de las guarderías, que los consistorios tuvieron que sufragar desde que el gobierno de Artur Mas decidió recortar sus ayudas. Una situación que quiere corregir Aragonès. En el mismo ámbito educacional, el Govern no está cumpliendo con su compromiso de crear nuevas escuelas, lo que condena a los alumnos a estar en barracones.
En el ámbito social, el Govern tampoco está participando en la financiación de los servicios de atención domiciliaria. Como tampoco ha construido residencias para la tercera edad en diez años ni concierta plazas con los centros creados por los ayuntamientos.
Igualmente caótica fue la concesión de becas comedor en plena pandemia, una fórmula de evitar la brecha educativa en la que la Consejería de Educación --en manos de ERC, aunque entonces era Quim Torra el president de la Generalitat-- no estuvo a la altura. El pasado mes de abril, el consejero Josep Gonzàlez-Cambray acudía a un acto electoral del alcaldable de ERC por Santa Coloma, Gabriel Rufián, para prometer la creación de tres guarderías, lo que volvió a encender los ánimos municipales.
Más recientemente, los alcaldes de Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès se mostraron muy críticos con el rechazo del Govern a construir la B-40 --la Ronda Nord conocida popularmente como el Cuarto Cinturón--. Asimismo, el pasado 27 de abril, alcaldes socialistas acusaron a ERC de querer "dejar morir" las playas de los municipios de la AMB. En una rueda de prensa en la que la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, intervino como portavoz, los ediles arremetieron contra la directora general de Cambio Climático de la Generalitat, Mireia Boya, quien vaticinó que "la pérdida de arena será la dinámica natural en muchos lugares" e instó a asumir que "algunas playas desaparecerán".