Antifraude pide permiso para investigar las jubilaciones de oro del Parlament

La Oficina Antifraude de Cataluña ha solicitado al Parlament autorización para investigar posibles irregularidades en el caso de las licencias de edad después de haber recibido una denuncia. Según ha avanzado el Diari Ara, el organismo fiscalizador busca indagar en las llamadas jubilaciones de oro que permitían a los funcionarios cobrar sin trabajar a partir de los 60 años.

Otra presunta irregularidad que quiere investigar la oficina es la que provocó la dimisión de la exsecretaria general del Parlament, Esther Andreu. Su hijo se presentó en una plaza pública de la cámara catalana sin que ella informara sobre su relación familiar.

El Parlament tomará una decisión este martes

Antifrau no puede iniciar una investigación que afecte al Parlament sin su permiso, según dicta la ley reguladora de este órgano. Por lo tanto, el primer paso para abrir cualquier investigación que afecte a la cámara es recabar su autorización.

La mesa del Parlament abordó esta cuestión la semana pasada, después de que Antifraude solicitara la autorización para investigar los hechos. Según apunta el medio citado, será este martes cuando la institución decida si da permiso al organismo para iniciar la investigación o no.

Abiertos a cooperar

En el marco de este debate, la mayoría de los grupos parlamentarios se posicionaron a favor de la transparencia y de que el organismo fiscalizador pueda acceder a toda la información necesaria. Fuentes de la mesa aclaran al diario que cooperarán para esclarecer los hechos.

Las licencias de edad se instauraron en 2008 durante la secretaria general de Imma Folchi y la presidencia de Ernest Benach y permitían a los funcionarios del Parlament mantener su condición de funcionario a pesar de no estar trabajando sin afectarles a la hora de jubilarse. 

Antifraude da oxígeno al Ayuntamiento

La noticia llega poco después de que Crónica Global avanzara que el organismo fiscalizador, que lleva casi tres años sin fallar si hubo corrupción en un contrato de 1,2 millones adjudicado sin concurrencia por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, al cargo de Janet Sanz, no dictaminará sobre esta causa hasta pasadas las elecciones municipales.

La oficina abrió investigación contra el área de Sanz tras una demoledora denuncia sindical por un presunto amaño en un contrato sobre cortes de calles, que anticiparon al llamado urbanismo táctico y a las superislas durante la pandemia del coronavirus. El encargo tenía un presupuesto de 1,2 millones y terminó adjudicado por la vía de emergencia a Brothers Control SL, una firma sin experiencia y muy conflictiva.