Las plataformas Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español, junto con 42 sanitarios, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de la Generalitat de Cataluña al considerar "abusivo" el requisito de tener el nivel C1 de catalán para presentarse a las oposiciones en la sanidad pública de Cataluña.



El anuncio del recurso se produce un día después de que el Govern secesionista anunciara un expediente contra una enfermera andaluza del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por quejarse en un vídeo de su perfil personal de TikTok de la necesidad de tener ese nivel de catalán para opositar. Una crítica que le ha granjeado un sinfín de ataques por parte de mandatarios, instituciones, sindicatos y simpatizantes nacionalistas, y que ha propiciado una investigación contra ella tanto el hospital como la Consejería de Salud.

"Injusta barrera para estabilizar su plaza"

Según han informado en un comunicado las dos plataformas que defienden el castellano, el recurso lo firman 42 profesionales de la salud que son "trabajadores en activo que han demostrado su plena capacidad para desarrollar su labor, y que ahora se encuentran con una injusta y arbitraria barrera idiomática para poder estabilizar su plaza".



El ICS publicó el pasado 30 de diciembre de 2022 la convocatoria de plazas en la sanidad pública mediante los sistemas de concurso de méritos y de concurso oposición, que establecen como requisito acreditar un nivel C1 de catalán, también a los enfermeros. Un nivel alto, pues se considera equivalente al de los estudiantes que acaban sus estudios tras cursar toda su escolarización completa en Cataluña.

"Es desproporcionado e injustificado"

Las entidades denunciantes argumentan la demanda en que "el nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria es desproporcionado y está totalmente injustificado".



"Se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán", aducen los recurrentes, que recuerdan que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que no se puede "exigir un conocimiento del catalán desproporcionado en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar".

Barrera de entrada para trabajadores del resto de España

Según estas entidades, "se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que impide que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, desmedido para las funciones a desempeñar, pueda participar en el proceso selectivo".



"Así, mediante este requisito idiomático, todos los empleados demandantes que actualmente prestan sus servicios para ella y que no disponen del nivel de catalán exigido, no podrán participar en la convocatoria y no podrán adquirir la condición de fijos, pese a que muchos de ellos llevan siendo interinos más de diez años", expresan en su recurso.

"Endémico déficit de personal"

También alegan que esta situación se repite, por ejemplo, con el personal de enfermería que el ICS ha nombrado temporalmente para cubrir "su endémico déficit de personal" --hace un año, el entonces conseller de Sanidad, Josep Maria Argimon, reconocía que faltaban al menos 10.000 enfermeros, cifra que el colegio profesional elevaba a 25.000-- y que, en muchos casos, se trata "de profesionales originarios del resto del territorio nacional y que no poseen el nivel de catalán requerido".



"Este personal ha podido desempeñar sus funciones profesionales sin problema alguno, y las va a tener que seguir desempeñando bajo nombramientos temporales. La administración sanitaria catalana está, pues, imponiendo una diferencia de trato entre españoles por motivo de lengua, claramente lesiva del artículo 14 de nuestra Carta Magna", afirman los impulsores del recurso, que son profesionales que trabajan en los hospitales de Can Ruti, Vall d'Hebron, Bellvitge y en centros de salud.