¿Hubo delito? Lo decidirán los jueces. Lo que sí hubo es manipulación flagrante del concurso de ambulancias de Cataluña, que es el mayor de España. En la licitación de 2015, que movió más de 1.000 millones de euros, el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) habría hecho "favores" a Ambulancias Egara, la transportista registrada ayer por la policía e investigada por la Audiencia Nacional para que ganara lotes. Lo hizo justo después de que la compraran directivos de la órbita de CDC. 

Lo explican dos fuentes del sector sanitario no relacionadas entre sí, que conocen los hechos que sustancian esa presunta alteración. El CatSalut permitió que Ambulancias Egara presentara en su oferta vehículos que "jamás llegaron" y matrículas de ambulancias de leasing "que en realidad eran de camiones". Esa no existencia de vehículos era un defecto insubsanable y causa de exclusión de la empresa, pero el CatSalut lo toleró y lo avaló. En aquel momento, el ente lo dirigían Josep Maria Padrosa y Josep Maria Argimon, ambos altos cargos nombrados por Convergència. 

"No tenían vehículos"

Abundan en ello directivos que se enfrentaron a Egara. Y que exigen "transparencia" en los concursos públicos en Cataluña. "En 2015, el CatSalut adjudicó tres lotes millonarios a esta empresa (Lleida, Tarragona y Ebro) pese a que no cumplía. Sus rivales --Ambuibérica (ahora HTG) y Ambulàncies Baix Ebre-- se quejaron amargamente, pero nadie les hizo caso", abundan. Ello, sostienen, "son indicios de, al menos, prevaricación". ¿Cómo lo defienden? "Comparen el acta de adjudicación a Egara con el acta de inicio de servicio que levantó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los vehículos no concuerdan, porque no existían inicialmente". 

Tras el primer favor del CatSalut, el SEM "continuó haciendo la vista gorda" a los incumplimientos de Egara, que suma más de 400.000 euros en sanciones por incumplimiento de contrato. Lo que es más, desde el sector recuerdan que el grupo sanitario destituyó a Xavier Escalada, ex jefe territorial de Emergencias en la zona de Tarragona, porque "quería poner orden a un servicio que era un desastre". Escalada sigue en el SEM, pero de médico raso. "Se buscaba ser benevolente con Egara para no empeorar sus números y que la pudieran vender a buen precio", detallan. 

"O nos posicionábamos políticamente o no ganábamos"

Ello desde fuera. Pero es que intramuros, en Egara se vivieron "cosas muy extrañas" en el concurso sanitario de 2015. Lo explica un directivo del sector bajo condición de anonimato. "Salió la licitación por cuatro años más dos prórrogas de dos años. Era mucho dinero y había cosas muy extrañas, como el hecho de que el CatSalut sacara los lotes con disparidad territorial". ¿A qué se refiere? "No concordaban con las regiones sanitarias del SEM pese a que era Emergencias quien tenía que velar por la prestación del servicio en cada ubicación", precisa. 

Esa distribución de lotes "abrió la puerta a la posible arbitrariedad", pues se favorecía "de forma totalmente discrecional a empresas sin arraigo en un territorio determinado". De hecho, desde el sector se cree que ERC, ahora al mando de la Consejería de Salud, corregirá la configuración de los lotes en el próximo concurso de 2025. Ello entronca con la depuración que están haciendo los republicanos del negocio convergente en sanidad. En cualquier caso, en 2015 se abrió la puerta a otros criterios no territoriales. "Enseguida vimos que Egara o se posicionaba políticamente e iba en UTE o no ganaría", precisa el mismo directivo. 

"Es un asunto privado"

Esa posición política la tomó Egara en torno a 2014, cuando cayó en las redes de directivos de la órbita de David Madí, desplazando a la familia Simón, que había fundado la empresa. Madí avaló la toma del 60% de la empresa "a cero euros" y desembarcaron en la firma Fermí Ferran y Álex García-Cascón, hombres de su confianza. 

Casualidad o no, a la toma convergente de la transportista siguió su victoria en tres de los lotes de la licitación: Lleida, Tarragona y Ebro. Una licitación que condujo una consejería dirigida por la misma CDC. Hubo más favores. Tras ganar los lotes, Egara comenzó una asfixia deliberada y sistemática de su socio: Ambulancias Lafuente. "Cargaban facturas abultadas a la UTE sin justificar, pasaban liquidaciones del contrato que no cuadraban por muy bajas". Lafuente, con delicada tesorería, se asomó al abismo y terminó en concurso de acreedores. El fundador de la firma, Javier Lafuente, avisó al CatSalut, pero le hicieron caso omiso. "Dijeron que era un asunto privado. Un golpe de Estado en una gran contratista de la sanidad pública catalana con repercusión sobre el servicio, pues se dejaron de prestar algunos, era un asunto privado. Figúrese", se queja otro directivo.  

¿Hablará Óscar Simón?

Esas arbitrariedades en las ambulancias catalanas las conoce al dedillo Óscar Simón. El directivo heredero de la empresa familiar fue desplazado por los hombres de David Madí en Egara, pero siguió en la empresa con cargos segundarios y con un sueldo millonario. Ayer, Simón fue llamado al registro de la sede central de la enseña y se espera que declare ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, que dirige el fiscal José Grinda --presente ayer en Terrassa-- en los próximos días. 

Sus palabras --¿tirará Simón de la manta?-- serán clave. Porque tiene toda la información y, a la vez, él es caza menor en el presunto caso de corrupción. En esta manipulación de la sanidad catalana hay dos piezas a quienes quiere la policía: al propio David Madí y a Joan Albert Arqués, CEO de la constructora leridana Benito Arnó e imputado en el caso 3%. Se cree que Madí y Arqués son los sancta sanctorum de la mala praxis en el sistema asistencial autonómico. La instrucción del caso se centrará en ellos.