Un empresario israelí, detrás de los ciberataques a la Generalitat durante la consulta del 9-N

Tal Hanan, un empresario israelí de 50 años, se atribuye los cibertaques contra la Generalitat durante la consulta independentista del 9-N de 2014.

Así lo ha confirmado la investigación de la organización de periodistas Forbidden, de la que El País forma parte, y que ha avanzado que, durante tres días Hanan “bombardeó de forma intermitente” varias webs de la Generalitat de Catalunya, entre las que figuran la del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) --que obligó a posponer intervenciones quirúrgicas-- el portal de Justicia, la web participa2014.cat, habilitada por la Generalitat para facilitar la consulta participativa, o el gestor de requerimientos policiales. También tumbó el correo electrónico de la administración autonómica y la web del entonces president Artur Mas. 

Ataques Ddos

El citado medio asegura que en los vídeos que Hanan muestra a sus potenciales clientes para explicarles sus servicios, se jacta de “matar Internet en un país europeo durante un histórico referéndum”, el del 9-N de 2014, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

En el vídeo aparecen imágenes de diarios catalanes en los que Felip Puig, conseller de Empleo y Empresa, denunciaba ataques informáticos de orden mundial durante la consulta independentista de 2014. En concreto, Hanan habría efectuado un ataque Ddos, que consiste en inundar un servidor con peticiones hasta bloquear la web. Aunque no se trata de un ataque muy complejo, es muy efectivo. 

Un trabajo "profesional"

El israelí no solo habría bloqueado numerosas webs de la Generalitat sino también habría efectuado una campaña de desprestigio, filtrando fake news y documentos que establecían vínculos entre el independentismo y el Estado Islámico. El País recuerda que en 2014 el Cesicat calificó el ciberataque a la Generalitat como un trabajo “profesional”, del que nunca se conoció la autoría. Hasta ahora. 

El mismo medio revela que contratar los servicios de Hanan cuesta entre seis y 14 millones de euros y que el pago sea realiza en efectivo o por criptomonedas.