El abogado de la expresidenta del Parlament catalán, Laura Borràs (JxCat), se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para decirle que los otros dos procesados en su juicio por presunta corrupción han acordado con la Fiscalía inculparla y reclamar que se le permita defenderse de unas acusaciones que considera "compensadas, bonificadas o pagadas".



Gonzalo Boye ha presentado un escrito ante el alto tribunal catalán, al que ha tenido acceso Efe, el día antes de iniciarse el juicio contra la presidenta de Junts, para quien la fiscalía pide seis años de cárcel por la presunta adjudicación irregular de 18 contratos públicos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La misma pena afronta su amigo y beneficiario de los contratos Isaías Herrero, cuya defensa negocia con la fiscalía una rebaja de condena a cambio de delatar a Borràs, mientras que el tercer acusado, Andreu Pujol --que supuestamente hizo facturas para enmascarar dichas adjudicaciones-- afronta tres años de prisión.

Boye pide intervenir el último

En su escrito, Boye solicita al TSJC que durante el juicio le permita intervenir en último lugar tras los otros dos abogados, al considerar que sus clientes "se han transformado en coacusadores junto al Ministerio Fiscal".



"La única forma de garantizar, mínimamente, el derecho de defensa de mi representada pasa por que esta parte, tanto en cuestiones previas como a lo largo del plenario, intervenga siempre en último lugar al ser, en términos reales, la única defensa y estar siendo acusada por todas las demás partes".



El letrado apunta igualmente al tribunal que anteayer tuvo conocimiento, por los medios de comunicación, del "acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal" y los otros dos acusados "con la finalidad de incriminar" a su clienta, "tratando así de salvar la ausencia de pruebas y la nulidad de las obrantes en las actuaciones".

"Acusaciones compensadas, bonificadas o pagadas"

Ante ese "nuevo escenario procesal en el cual los coacusados van a modificar sus planteamientos defensivos hasta ahora existentes", Boye pide "poder participar en el plenario desde la última posición o turno para, así, intentar defenderse de unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas como serán las que van a realizar".



El letrado de Borràs, que también lo es de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra --entre otros--, recalca que su petición de intervenir en el último turno, tanto en los interrogatorios como en las cuestiones previas, "tiene su respaldo, entre otros, en lo establecido por el Tribunal Supremo".

Audios sospechosos

En sus contactos con la Fiscalía, el acusado Isaías Herrero ha seguido los pasos de Roger E., funcionario que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC y quien, tras negarse a declarar cuando fue citado como investigado, el pasado mes de mayo pidió hacerlo voluntariamente ante el juez instructor del TSJC, Jordi Seguí. En esa comparecencia, entregó al magistrado dos audios que supuestamente incriminan a la presidenta de Junts: en uno de ellos Borràs le pedía que le remitiera todos los contratos adjudicados a su amigo Isaías Herrero, al día siguiente de que éste fuera detenido por los Mossos d'Esquadra.



También presentó un escrito para pedir al juez que archivara la causa contra él, en el que añadió que Borràs había ordenado mantener la contratación menor en la ILC, cuando la Intervención General ya la había avisado del abuso de esa figura y le había recomendado que recurriera a otro procedimiento con más concurrencia.



Poco después, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Borràs en el que pedía el sobreseimiento de la causa contra Roger E., lo que el TSJC acordó.