La Generalitat planea un recurso contra el pago de 304 millones por la privatización de ATLL

La Generalitat de Cataluña "está trabajando en la posibilidad de un recurso" contra la decisión del TSJC que le obliga a abonar 304,4 millones de euros por el conflicto de la privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat, pero no prevé que este conflicto tenga impacto presupuestario este año.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consellera de Economía del Govern catalán, Natàlia Mas, que este jueves ha presentado en el Parlament los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

Sin partida para pagarlo en los nuevos presupuestos

Mas ha justificado que el Ejecutivo autonómico no haya dotado ninguna cantidad para este contencioso en las cuentas con el siguiente argumento: "No está claro que este pago se tenga que producir este año".

Asimismo, ha añadido que el Govern trabaja en la posibilidad de un recurso, por lo que la resolución definitiva de este contencioso podría desplazarse "un par de años", según ella. Y en el supuesto de que se tuviera que afrontar un pago de este tipo, ha apuntado la consellera, los presupuestos disponen de margen de maniobra, según su versión. Una es el fondo de contingencia, un remanente para imprevistos, y otra puede ser la parte no ejecutada del presupuesto, que "también podría permitir" afrontar este pago, ha dicho.

Adjudicación mal hecha

A mediados de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió los recursos promovidos en el caso de ATLL y obligó a la Generalitat a devolverle 304,4 millones de euros.

El contencioso se originó en 2012 a raíz de la adjudicación por parte de la Generalitat a un consorcio liderado por Acciona de la gestión de Aigües Ter-Llobregat, decisión que fue luego impugnada por el grupo Agbar, lo que provocó un conflicto que acabó con la anulación de la adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat.

El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat.

Con todo, en 2019 Acciona cedió los derechos de cobro de ese litigio al fondo Fortress a cambio de 170 millones.