Los defensores del bilingüismo celebran la sentencia del TSJC que les da la razón con la nueva ley

Los cambios legislativos aprobados por la Generalitat de Cataluña para burlar las sentencias firmes que obligan a dar al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo de la autonomía no han dado el resultado que esperaban los dirigentes secesionistas del Govern. A pesar de las dos nuevas leyes aprobadas el pasado junio por el Ejecutivo autonómico y el Parlament para mantener el actual sistema de inmersión con el catalán como única lengua vehicular, la justicia ha vuelto a dar la razón a las entidades defensoras del bilingüismo, reconociendo el derecho de los padres de una alumna a recibir clases también en español, sin cuotas ni porcentajes, y sin dar un trato "residual" a este idioma en las escuelas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada a conocer este martes ha sido celebrada por Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), al considerar que ni siquiera las nuevas leyes pueden impedir que se dé también un carácter vehicular al castellano, y que se reconoce explícitamente el derecho a ser escolarizado en una o varias materias principales en esta lengua.

"Desbloquea las peticiones de bilingüismo" 

"Esta sentencia desbloquea las peticiones de bilingüismo que no podíamos hacer después del decreto de usos lingüísticos y afecta no solo a recursos que podremos volver a presentar, sino a recursos que tenemos en marcha y que la jurisprudencia que sienta el TSJC puede hacer que tengan una resolución positiva", ha manifestado la presidenta de AEB, Ana Losada.

La entidad defensora del bilingüismo, asimismo, considera "fracasado el pacto político diseñado entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España en la mesa de diálogo para suprimir el derecho constitucional de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña", en alusión a la pasividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a las sentencias firmes que obligaban a dar al menos un 25% de clases en español en Cataluña, y a su decisión de no ejecutarlas tras el recurso del Govern ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha manifestado José Domingo, vocal asesor de AEB y presidente de Impulso Ciudadano, al apuntar que la sentencia acaba con "la trama orquestada por el Gobierno de la Generalitat y otros grupos parlamentarios para suprimir el derecho a la escolarización en castellano en el sistema educativo catalán a través de una nueva normativa fraudulenta y claramente inconstitucional".

Asignaturas principales también en castellano

Losada, por su parte, ha destacado también que esta sentencia ya no aplica porcentajes, tal como dictaban hasta ahora, y que el criterio del TSJC para garantizar la conjunción lingüística es el de un mínimo de asignaturas principales en castellano en la programación del centro para asegurar el derecho constitucional del alumno a ser escolarizado en este idioma.

Losada ha criticado además la opacidad de los centros educativos que, según asegura, no informan a las familias de los criterios lingüísticos que emplean en la enseñanza de cada una de las asignaturas o materias. Y ha denunciado que algunas direcciones de los centros educativos aprovechan la nueva normativa de la Generalitat para eludir la enseñanza en castellano incluso en la asignatura de lengua castellana.

También ha lamentado la actitud de la Alta Inspección Educativa y al Gobierno de España por su política "complaciente" con el nuevo régimen lingüístico que trata de implantar la Consejería de Educación encabezada por Josep Gonzàlez-Cambray (ERC).

Derecho a una educación bilingüe

La AEB pondrá ahora en marcha una campaña destinada a las familias recordándoles sus derechos lingüísticos, que a su modo de ver se ven reforzados con la sentencia que acaba de dictar el TSJC. A esos efectos, ha anunciado que la entidad reanudará el asesoramiento para las familias que quieran interponer nuevas peticiones de enseñanza bilingüe en sus centros educativos. 

La AEB remarca que esta nueva sentencia aplica el modelo constitucional y el de la Ley Orgánica de Educación (en su disposición adicional 38º), que obliga a las Administraciones educativas a garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, y el hecho de que no pueda hacerse a través de un porcentaje no impide la aplicación de otros métodos pedagógicos como el de las “asignaturas principales mínimas”.

También insiste en que, en tanto que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 6/2022 y Ley 8/2022 de la Generalitat, los centros educativos tendrán que garantizar unas asignaturas mínimas principales en castellano en sus proyectos lingüísticos o programaciones.