Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que avala los acuerdos de la Junta Electoral Central de 2017, según los cuales los medios públicos catalanes (TV3 y Catalunya Ràdio) vulneraron entonces la neutralidad informativa, al no respetar el pluralismo político. Algo que continúan haciendo de manera reiterada cuando, por ejemplo, en el relato informativo, hablan de “presos políticos” y “exiliados”, palabras clave la propaganda separatista, por más que el jefe de informativos de TV3, David Bassa, trate de justificar lo injustificable.

En esta misma línea, de absoluta falta de ecuanimidad, se enmarcan las recientes y surrealistas declaraciones de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en el Parlament, cuando afirmaba que no existen documentales en el mercado que recojan las tesis constitucionalistas.

Otra muestra muy llamativa del sesgo nacionalista de nuestros medios públicos son los datos del Informe sobre l’observança del pluralismo polític a la televisió i a la ràdio durant el període gener-abril del 2019, publicado por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el pasado enero, que demuestran que el 92% de las entrevistas a entidades vinculadas al debate político realizadas por TV3 lo fueron a entidades independentistas.

En realidad, los propios catalanes reconocen este sesgo, como se advierte en una encuesta realizada por GESOP, que concluye que solo el 22% cree que Televisió de Catalunya (TVC) y Catalunya Ràdio abordan con neutralidad el tema de la independencia de Cataluña.

A todas estas evidencias, de indudable calado, por cuanto no son en absoluto cuestiones puntuales, cabe añadir el procesamiento de toda la cúpula de la CCMA por la emisión de la publicidad institucional del referendo ilegal (prohibida por el Tribunal Constitucional), incluido el director de TVC, reprobado, a su vez, por el Parlament en 2017.

Y esto en un contexto en que el consejo de gobierno de la CCMA cuenta, tras la dimisión de los otros dos, con solo cuatro miembros, todos ellos con los cargos caducados y la presidenta en funciones, ya que nunca fue votada por el Parlament sino por el propio consejo de gobierno, al ser nombrado el anterior presidente, Brauli Duart, secretario general del departamento de Interior.

Y por si un movimiento de este tipo (de la presidencia de la empresa audiovisual pública a número dos de Interior) no fuera suficientemente ilustrativo, cabe subrayar las sobradamente conocidas tensiones entre las dos principales fuerzas políticas del Gobierno catalán para repartirse los cargos clave de nuestros medios públicos, algo que ahora no parece factible por los evidentes intereses electoralistas de unos y otros.

Esta incontestable instrumentalización nacionalista de los medios públicos sería muy criticable en cualquier contexto, pero resulta especialmente grave al darse en un sistema mediático pluralista polarizado --con los medios privados fuertemente ideologizados-- y al afectar a una sociedad ya de por sí extraordinariamente fracturada. TVC y Catalunya Ràdio deberían tener como objetivo prioritario poner en diálogo a las diferentes sensibilidades existentes en nuestra comunidad y, sin embargo, se han convertido en el principal altavoz de solo una parte de la ciudadanía (diversa, pero una parte), generando un fortísimo rechazo en los sectores constitucionalistas, que ven cómo sus planteamientos apenas tienen voz y resultan vilipendiados con frecuencia por tertulianos, comentarios del público sobreimpresionados y hasta en programas de humor.

Así las cosas, es obvio que urge una renovación de los cargos de la CCMA, pero esta no servirá de nada si obedece, como acostumbra, únicamente a criterios partidistas y no va acompañada --que no lo irá-- de una verdadera voluntad de articular unos medios públicos que sean un referente para todos los catalanes. Esto incluye, sin ningún género de dudas, dar voz a los castellanohablantes, mayoritariamente constitucionalistas, como demuestran abundantes estudios de opinión.

Me parece crucial incidir en esta idea --la de unos medios públicos de todos--, que no deja de ser la que recogen las normas audiovisuales y la que dicta el sentido común. Para ello es esencial que se alcen voces desde diversos ámbitos que exijan pluralismo en TVC y Catalunya Ràdio. Estoy convencida, por ejemplo, de que muchos profesionales y también muchos académicos comparten estas reflexiones. El temor a ser expulsado de la tribu es comprensible, pero los profesionales de los medios y sus analistas hemos de superarlo y ser capaces de manifestar nuestra discrepancia.

De hecho, que sean tan pocos los posicionamientos críticos ante lo que ocurre con nuestros medios públicos --sin olvidar la llamativa ineficacia del CAC para garantizar que estos cumplan sus funciones-- constituye, a mi juicio, una clara anomalía democrática.

Urge, en definitiva, que quienes tenemos plena consciencia del papel central de estos medios para articular una opinión pública diversa y plural, exijamos, una y otra vez, que lo desempeñen. En juego, nada más y nada menos que nuestra convivencia.