Aragonès juega a dos bandas con la presión fiscal catalana

La negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 sigue su curso, a un ritmo excesivamente lento, por lo que es poco probable que se cierre un pacto que garantice su aprobación antes de las Navidades. La fiscalidad acordada entre ERC y los comunes, formaciones cuya suma de diputados es insuficiente para aprobar las cuentas, ha destapado el juego a dos bandas de Pere Aragonès. Según ha podido saber Crónica Global, el presidente catalán era partidario de no tocar los impuestos y así se lo comunicó a los socialistas, que tampoco ven oportuna una subida en el actual escenario de inflación y carestía.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, el Govern y la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, anunciaron solemnemente un acuerdo que, tal como publicó este medio, incluye realizar "ajustes" en el impuesto de patrimonio para incorporar "nuevas tarifas a los grandes patrimonios que se ajusten a las que se derivan del impuesto estatal sobre grandes fortunas”. Con ello, se espera garantizar que "el aumento de la recaudación permanezca en Cataluña" e incrementar en 12 millones los recursos de la Generalitat. 

Los socialistas, pero tampoco Junts per Catalunya --exsocios de ERC en el Govern--, están de acuerdo con incrementar la presión fiscal de los catalanes. Su apoyo es necesario para que Aragonès evite una prórroga con la que el Govern perdería 3.000 millones más de gasto. La portavoz socialista en el Parlament, Alícia Romero, explicó que "no hay nada que nos chirríe demasiado" del documento rubricado el miércoles en el Palau de la Generalitat "excepto la parte de fiscalidad".

Según fuentes conocedoras de la negociación, el documento firmado por republicanos y comunes adolece de una gran ambigüedad, es decir, no entra en detalle sobre nuevos gravámenes, como el impuesto sobre alimentos ultraprocesados, modificación del impuesto sobre viviendas vacías o el de emisiones portuarias. Advierten estas mismas fuentes que la fiscalidad se aprueba en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas --conocida como la ley de acompañamiento a la ley de presupuestos--, que puede ser enmendada.

De nuevo, los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona han vuelto a ser moneda de cambio para acordar las cuentas catalanas, como ya ocurrió en noviembre de 2021. En aquella ocasión, Ernest Maragall, líder de ERC en el consistorio y que había anunciado su veto a las cuentas de la alcaldesa Ada Colau, se desdijo y admitió el “intercambio de cromos”.

Colau no necesita cuentas: hay elecciones

Pero a diferencia de esa ocasión, Colau no necesita ese apoyo. “Hay elecciones municipales en mayo, si no logra aprobar los presupuestos no pasa nada. No se entiende ese pacto con Aragonès, bastante ambiguo”, afirma un diputado catalán. De hecho, la propia Albiach lanzó un aviso a navegantes: no apoyarán las cuentas si su acuerdo con el Govern no llega "intacto".

Los socialistas, por su parte, no se sienten vinculados a ese pacto, mientras que los neoconvergentes están a años luz de los comunes en cuanto a modelo fiscal, social y económico. PSC insiste en exigir la ampliación del aeropuerto de El Prat, la creación del complejo de Hard Rock Café y del cuarto cinturón. Propuestas que sí avala Junts, pero no ERC.

Como se ve, la situación es compleja. Los equipos negociadores se encuentran en fase de concretar partidas de gasto, una vez conocidos los presupuestos que tendrán cada departamento de la Generalitat. Algunas fuentes señalan el día 28 de diciembre como posible fecha para cerrar el acuerdo. No se descartan prisas de última hora para que sean PSC y Junts quienes aparezcan ante la opinión pública como responsables de un hipotético fracaso de los contactos.