El PDECat se suma a las 'rebajas': pide derogar el precepto que impidió ser diputados por el 1-O

Las formaciones secesionistas en el Congreso se afanan para verse beneficiadas por las rebajas de delitos en el Código Penal impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. A la derogación del de sedición por el cual fueron condenados los líderes del referéndum ilegal del 1-O, ahora se suma la rebaja de la malversación. En el caso del primero, el PDECat acaba de presentar una enmienda a la proposición de ley que busca acabar con el delito de sedición para plantear la derogación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el precepto en el que se ampararon el Parlament catalán y el Congreso para despojar de sus actas de diputados a varios líderes del procés estando procesados por el 1-O sin haber sido aún condenados.

El artículo cuya eliminación propugna la formación posconvergente fija la suspensión como cargo público si existe "un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes". Esta previsión se utilizó en 2018 para retirar sus actas de diputados en el Parlament a los luego condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva (ERC), Josep Rull y Jordi Turull (JxCat), y un año después la Mesa del Congreso lo usó para suspender de su condición de parlamentarios a los tres últimos y a Jordi Sànchez (JxCat).

Se amparan en un comité de la ONU subvencionado por la Generalitat

En la justificación de su enmienda, el PDECat argumenta que, ante la demanda presentada por los cuatro políticos que fueron suspendidos en el Parlament, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas --al cual la Generalitat ha donado 200.000 euros públicos en este 2022-- ha dicho que la aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim "constituye una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos".

En su resolución del pasado agosto, este comité subvencionado por el Govern mencionaba que en ese pacto internacional "se reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública", y que con independencia de la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, "el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse".

"Violaciones de derechos"

Según el diputado del PDECat Genís Boadella, el artículo 384 bis de la Lecrim es "absolutamente extemporáneo puesto que su aprobación fue fruto de un contexto en el que la actividad terrorista era notoria y constante", un escenario que, afirma, "afortunadamente ha quedado en el pasado".

Por ello, los posconvergentes pinden su derogación "en aras de evitar que se vuelvan a lesionar los derechos de los electores y los representantes electos y así evitar violaciones del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Rebaja de la malversación

El PDECat incluye además en sus enmiendas una propuesta para rebajar las penas ahora previstas para el delito de malversación de fondos públicos en los casos en los que no haya, según sus diputados, un lucro "personal", en la línea de lo que también plantea ERC.

En concreto, plantean que cuando no exista ánimo de lucro (ni propio ni para un tercero), las penas sean inferiores tanto en el caso de las privativas de libertad --de uno a tres años-- como de las de inhabilitación --de tres a seis años--. Y dice apostar por mantener las penas actuales para aquellos casos en que se aprecie el ánimo de lucro de la autoridad o funcionario público o del tercero con igual ánimo.

Asimismo, plantean modificar al alza de las cantidades económicas existentes en este delito que, con el paso del tiempo y la realidad de las Administraciones Públicas, han acabado quedando a su peculiar modo de ver desactualizadas.

Eliminar el concepto de "intimidación"

El PDECat también ha registrado una enmienda para eliminar el concepto de intimidación en la tipificación del nuevo delito de desórdenes públicos agravados, ya que, a su juicio, supone "entrar en una valoración subjetiva y no objetiva de los hechos", según Boadella.

Los posconvergentes han registrado otra enmienda más para rebajar de tres a sólo un año la pena mínima en los casos del segundo apartado del artículo de los desórdenes públicos agravados, porque a su modo de ver "el precepto criminaliza las concentraciones masivas no por ser violentas, sino porque la organización y objetivos sean idóneos para afectar gravemente el orden público".

Los independentistas de Tsunami Democràtic bloquean la frontera de España y Francia en su paso por la localidad de la Jonquera. Equivocados / EFE

Ven "anacrónico" el delito de ultrajes al Estado

Por otra parte, el PDECat aprovecha sus enmiendas para intentar que se supriman los delitos de injurias a la Corona y las ofensas o ultrajes al Estado español, sus comunidades autónomas o sus símbolos.

"La tipificación de los delitos de injurias a la Corona o la quema de banderas responden a una realidad anacrónica", dice Boadella, apuntando, según él, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que estos delitos no respetan el contenido del artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en cuanto a libertad de expresión.