ERC admite que no podría haber encausados por el referéndum ilegal con su rebaja de la malversación

ERC ha reconocido que las enmiendas que ha registrado este viernes para rebajar el delito de malversación en la reforma del Código Penal beneficiarían a los líderes secesionistas catalanes que impulsaron el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017: "Con esta propuesta, los encausados del 1-O no lo podrían ser".

Fuentes de la formación secesionista dicen que su propuesta "no aplica al 1-O", aunque la rebaja de la malversación que plantean pudiera acabar favoreciendo a los líderes condenados por el referéndum ilegal, al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont (JxCat) y a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó --recientemente recolocado por los dirigentes de la Generalitat como nuevo presidente del Puerto de Barcelona--, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les abriese juicio oral por su organización.

Corrupción

Estas mismas fuentes de ERC niegan que sus enmiendas puedan beneficiar a políticos corruptos por enriquecimiento estrictamente personal o a terceros. "La tolerancia cero con la corrupción es innegociable", dicen según su terminología, si bien al mismo tiempo reconocen que sí podrá hacer que este delito no pueda aplicarse en casos como la organización de un referéndum secesionista ilegal y unilateral.

Según estas fuentes, la propuesta de ERC plantea una rebaja de penas en los casos en que no haya un enriquecimiento personal o de terceros, e intenta revertir, según su posicionamiento, la reforma del 2015 impulsada por el PP.

Evitar penas "contra el independentismo"

La formación secesionista esgrime como argumento que con esta reforma quiere evitar que se use el delito de malversación "con finalidad política y arbitraria contra el independentismo", según sus palabras.

Asimismo, sostienen que con su propuesta no se beneficiaría al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación por el caso de los ERE.