La comisión de investigación de la Eurocámara sobre el caso Pegasus en España no contará, finalmente, con la participación de José Javier Olivas, uno de los investigadores críticos con el polémico informe de Citizenlab que ampara las tesis independentistas sobre el supuesto espionaje a 65 dirigentes y activistas del procés catalán. Este profesor universitario, que al igual que otros ha cuestionado la credibilidad y veracidad de los datos y conclusiones de este laboratorio de la Universidad de Toronto por su opacidad, falta de transparencia y rigor y conflictos de intereses, ha sido excluido a última hora de la lista de ponentes que, el próximo 29 de noviembre, darán su versión sobre el asunto en el Parlamento Europeo. Un veto que se produce después de que uno de los miembros de Citizenlab haya enviado una carta a la comisión del Parlamento Europeo --cuyo primer borrador, impulsado por la eurodiputada holandesa Sophie In't Velt, ha recibido críticas por asumir su relato afín al secesionismo-- para pedir que no participe, con acusaciones que Olivas califica de "difamatorias".
Socialdemócratas, verdes y liberales acordaron este martes, en cambio, incluir a Andreu Van den Eynde --abogado del líder de ERC Oriol Junqueras, entre otros dirigentes del procés-- como ponente en dicha sesión especial sobre España en la comisión de investigación de la Eurocámara de espionaje con el programa Pegasus, tras vetar la presencia del profesor Olivas, a pesar de haber sido invitado previamente.
El abogado de Junqueras y uno de los autores de Citizenlab, invitados
Distintas fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press este cambio en la lista de participantes para la sesión del próximo 29 de noviembre, con respecto al primer listado técnico aprobado el lunes. La lista inicial fue pactada entre los representantes españoles de los distintos grupos, PSOE, PP y Cs, e incluyó a propuesta de la formación naranja a José Javier Olivas, investigador y profesor de la UNED que finalmente ha sido excluido. Sin embargo, los cambios introducidos este martes son el resultado de la discusión a nivel de coordinadores sin presencia de eurodiputados españoles, salvo Juan Ignacio Zoido por el PP.
De esta forma, la lista final incorpora a Van den Eynde, supuesta víctima del espionaje con Pegasus según el estudio de Citizenlab --y sobre quien Olivas demostró que la presunta fecha de la infección de su móvil con Pegasus fue modificada a posteriori en el informe de este polémico laboratorio canadiense--, además de a la ex directora del CNI, Paz Esteban, el secretario general de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell, el periodista de El País, Miguel González, el profesor emérito de Informática, Gregorio Martin, y al investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, que a su vez es uno de los ocho autores del polémico estudio Catalangate.
ERC se sale con la suya
El cambio, en la lista de participantes y el paso de invitar al abogado de Junqueras se forjó en la reunión de coordinadores de este martes en la que socialistas, liberales y verdes sumaron fuerzas para introducir el cambio propuesto por los verdes, del cual forma parte ERC, y dejar fuera a Olivas.
Este paso llegó después de que el entorno de Citizenlab hiciera circular una carta entre eurodiputados desacreditando el trabajo de este experto español. En dicha misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, se aduce una supuesta falta de conocimiento técnico de Olivas sobre espionaje, y se le acusa de haber promovido teorías de la conspiración y falsedades sobre otros investigadores. También le acusan por participar en el acoso a víctimas de espionaje y expertos que han investigado los casos. Algo que Olivas tilda de difamación.
Los cinco firmantes de la carta que pedían el veto a Olivas son Ron Deibert --director de Citizenlab y uno de los autores del informe Catalangate--; Matt Blaze, profesor de la Universidad de Georgetown; Sofía Jaramillo, de Robert Kennedy Human Rights; y dos miembros de la Irvine School of Law: David Kaye y Hinako Sigiyama.
Olivas acusa a Citizenlab de "difamación"
En declaraciones a Europa Press, Olivas ha confirmado la retirada de la invitación a participar en la sesión de la semana que viene y ha considerado "muy grave" que el Parlamento Europeo ceda a las "interferencias" de Citizenlab tras una carta de "difamación" que, a su juicio, es un compendio de "acusaciones burdas".
Olivas, propuesto como ponente por Ciudadanos, se ha mostrado crítico con el informe de este centro con base en la Universidad de Toronto, asegurando que tiene importantes fallas "éticas y metodológicas". "No cuestiono que haya habido espionaje, sino que no hay bases sólidas para dar una conclusión de lo que ha pasado", ha explicado.
Para el profesor de la UNED existen intereses económicos y personales de Citizenlab en el caso del supuesto espionaje a 65 independentistas, y recuerda que uno de los ocho autores de dicho informe es Elies Campo, un activista independentista. En cuanto a cuestiones técnicas, avisa de que los móviles supuestamente infectados fueron analizados por los propios secesionistas, que no se realizó un examen forense en Canadá, donde trabaja Citizenlab, ni las infecciones han sido, en la gran mayoría de casos, validadas de forma externa.
A su juicio, no hay forma de saber si las infecciones fueron con el software Pegasus, puesto que Citizenlab tampoco comparte los datos de sus análisis, ni siguen un sistema de revisión de pares, el sistema que siguen las investigaciones académicas. Y lamenta que el grupo ni siquiera ha informado del número total de dispositivos analizados y la relación de negativos y positivos.
Borrador con sesgo independentista
Aprobada el pasado marzo, la comisión de investigación del Parlamento Europeo trata de arrojar luz sobre el supuesto uso de esta herramienta de espionaje por parte de gobiernos europeos y se creó con especial foco en de Hungría y Polonia, aunque los casos surgidos en España y Grecia han hecho virar la atención hacia estos países.
Hace dos semanas, la eurodiputada liberal neerlandesa Sophie In't Veld presentó su borrador de informe, en el que daba por cierta la versión de Citizenlab sobre el supuesto espionaje a 65 independentistas catalanes --a pesar de que el Centro Nacional de Inteligencia explicó en su día que se hicieron escuchas, legales y con autorización judicial, por el procés a solo 18--, y en ningún momento aportó más detalles que la propia investigación del centro y recortes de prensa, la mayoría de ellos extraídos de medios de comunicación afines al independentismo.