“Un lamentable ejercicio de corta y pega del polémico informe Catalangate y de noticias de El Nacional. La europarlamentaria que lo ha escrito, Sophie in’t Veld, se ha cubierto de gloria”. Así valora en sus redes José Javier Olivas, profesor de Ciencia Política y Administración de la UNED y de la London School of Economics, el borrador del comité de investigación del Parlamento Europeo en lo relativo al presunto espionaje a dirigentes del procés con el programa Pegasus y otros similares. Un informe de 159 páginas --12 de ellas, dedicadas al caso catalán-- que indaga en el supuesto uso de software espía en diversos países de la UE, hecho y presentado esta semana por la eurodiputada liberal holandesa Sophie in’t Veld, pendiente de aprobación, y que ha sido celebrado con entusiasmo por parte de los secesionistas afectados y por los dirigentes nacionalistas de Cataluña.
El borrador de esta comisión del Parlamento Europeo ignora las denuncias de más de un centenar de investigadores y profesores de varios países que, como Olivas, han cuestionado la credibilidad de la principal fuente de sus conclusiones: el controvertido estudio Catalangate elaborado por el laboratorio Citizenlab de la Universidad de Toronto, puesto en tela de juicio debido a su sesgo favorable a los dirigentes del procés --uno de sus coautores es, de hecho, el activista secesionista Elies Campo--, su opacidad, y su falta de neutralidad, transparencia y de rigor científico, entre otras críticas.
Críticas ignoradas
La eurodiputada In’t Veld da por buenas las conclusiones del informe de Citizenlab, empezando por su acusación de que los independentistas espiados fueron 65, incluso sabiendo y admitiendo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español ha explicado que hubo un seguimiento, legal y con autorización judicial, a 18. En cambio, In’t Veld omite y pasa por alto los argumentos de quienes cuestionan los métodos y la credibilidad de este laboratorio de la Universidad de Toronto, que de hecho ha rechazado que otras fuentes externas independientes puedan investigar su metodología ni corroborar la veracidad de sus datos. Entre otras cuestiones, para comprobar la posible existencia de falsos positivos de espionaje en los teléfonos móviles que dice haber indagado.
Además de ignorar las argumentaciones críticas hacia Citizenlab --recogidas en una carta difundida por la entidad constitucionalista Foro de Profesores--, el borrador de la comisión de la Eurocámara sostiene en uno de sus párrafos que sus detractores son sólo “algunos políticos españoles” que “han intentado desacreditar a Citizenlab, sugiriendo que sus métodos son defectuosos o que están políticamente motivados", y limitándose a comentar a continuación que "uno de los colaboradores de Citizenlab, de origen catalán, estuvo entre los objetivos" del espionaje "junto a sus padres".
Citizenlab, principal fuente del informe
Citizenlab y su polémico informe es, con mucha diferencia, la principal fuente del argumentario del borrador de In’t Veld en lo relativo al caso de Cataluña, pues se le menciona en 32 ocasiones, así como también el digital El Nacional, un medio de línea editorial abiertamente secesionista y generosamente subvencionado por la Generalitat (19 veces en su caso). Una cifra elocuente en comparación con otros medios citados, como por ejemplo Eldiario.es (tres veces), El País (dos) o La Razón (una). Y también muy superior a la de periódicos internacionales, como The Guardian (tres), The Economist (dos) o Le Monde (una).
El balance del centenar de menciones de fuentes en este borrador de la comisión de investigación del Parlamento Europeo evidencia que más del 60% de ellas proceden de Citizenlab, políticos y medios afines a las tesis secesionistas. Tanto es así que las únicas opiniones de dirigentes políticos que se recogen son las intervenciones en la misma de dos eurodiputados de ERC –Jordi Solé y Diana Riba, supuestamente afectada por las escuchas y pareja del exconseller Raül Romeva-- y uno de Junts, Toni Comín, fugado de la justicia española por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017.
Ninguna alusión a la "trama rusa"
La presentación del polémico informe se ha producido apenas un par de semanas después de que otra comisión distinta del Parlamento Europeo que investiga las injerencias de Rusia para desestabilizar a la UE abordara el caso concreto del procés catalán, informándose sobre los contactos existentes en su día entre emisarios rusos y políticos y dirigentes independentistas, las fake news de medios afines al Kremlin y las estrategias del régimen de Vladímir Putin para influir y perjudicar a las instituciones comunitarias a través de Cataluña. Cuestiones sobre las que dieron buena cuenta ante 67 eurodiputados el periodista Jesús González Albalat y el experto en política rusa Nicolás De Pedro, y que no se mencionan en el informe sobre Pegasus de Sophie in’t Veld, a pesar de la posibilidad de que pudieran existir vínculos entre algunos de esos 65 independentistas supuestamente espiados y la llamada trama rusa del procés en el pasado.
Conflictos de intereses
El informe de la comisión de la Eurocámara sobre el Catalangate tampoco se hace eco del rechazo de algunas de esas supuestas víctimas de espionaje que han denunciado el caso judicialmente a entregar sus teléfonos móviles para que los jueces puedan verificar si realmente fueron escuchados ilegalmente o no. Ni tampoco del ciberactivismo independentista de uno de los ocho autores del estudio de Citizenlab, Elies Campo, supuestamente también vigilado, con los consiguientes conflictos de intereses que ello conlleva. La única alusión que parece hacerse a este último es eludiendo su nombre y su papel en el procés --a pesar de su conocida cercanía al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, y su posible implicación en la creación de la llamada República digital catalana--, según se deduce de este pasaje: “Un colaborador de CitizenLab, de origen catalán, estuvo entre los objetivos, junto a sus padres, que no son políticamente activos”. Una terminología recurrente, pues a lo largo de todo el informe se suele aludir a los supuestos espiados como “ciudadanos catalanes” o "líderes catalanes", sin entrar en posibles razones de la presunta vigilancia, ni apenas en las causas judiciales, habidas o pendientes, de varios de ellos.
Elies Campo, el ingeniero coautor del informe que dio origen al Catalangate / CG
Boye intenta aprovecharlo para librar de juicio a Puigdemont
El borrador de In’t Veld ha sido celebrado por los dirigentes secesionistas. Tanto es así que algunos de ellos se aferran al mismo para intentar desbaratar y deslegitimar los juicios pendientes por el procés catalán. Así lo reconoció el pasado martes Gonzalo Boye, abogado entre otros de Puigdemont, anunciando que presentará este documento --pendiente aún de aprobación en la Eurocámara-- ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar el procesamiento de este último por el procés.
Boye sería, de este modo, uno de los principales beneficiarios del borrador del informe de la Eurocámara, pues en el mismo se asumen las graves acusaciones de Citizenlab, según las cuales fue una de las víctimas de Pegasus y habría existido un espionaje en las “comunicaciones entre abogado y cliente de separatistas encarcelados en vísperas de su juicio, contactos entre partes, o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo”.
El prófugo Carles Puigdemont (c), junto a Gonzalo Boye (d) y Toni Comín (i) en Bruselas / EFE
El caso de Van den Eynde
Además del caso de Boye, de quien se dice que su teléfono fue infectado “con éxito” el 30 de octubre de 2020, “48 horas después del arresto de uno de sus clientes”, también se menciona a otro letrado, Andreu Van den Eynde, con la afirmación de que su móvil “fue infectado con éxito con Pegasus el 14 de mayo de 2020”, siendo “abogado de Raül Romeva y Oriol Junqueras en sus casos ante el Tribunal Supremo”. Una fecha que In’t Veld, de nuevo, da también por cierta, sin mencionar otra cuestión controvertida: que Citizenlab la modificó semanas después de haber publicado su informe, ya que originalmente fechó la supuesta intromisión en su teléfono un mes después: el 14 de junio de 2020. Algo que, en su día, ya fue denunciado públicamente por José Javier Olivas, preguntándose si constar como espiado un mes antes en el Catalangate podría generarle ventajas en alguna prueba.
Llama también la atención que, en el segundo párrafo de la introducción de este borrador de trabajo con sello del Parlamento Europeo, su autora reconozca que "el software espía deja pocos rastros en el dispositivo de la víctima, e incluso si se detecta, es casi imposible probar quién fue el responsable del ataque".
La versión final de este borrador del comité de investigación se votará en marzo, primero en la propia comisión, y luego en el Pleno de la Eurocámara.