El ‘Govern de los 33’ renuncia a la contratación exprés de interventores

Tras retirarlo por falta de apoyos parlamentarios, el Govern ha aprobado un nuevo decreto para reducir la temporalidad de sus empleados públicos. En él han desaparecido las referencias a los todopoderosos interventores. El texto inicial contemplaba la posibilidad de que funcionarios de carrera adscritos a la Intervención General durante tres años se pudieran incorporar a la escala técnica de este cuerpo de élite. Un sistema de acceso que juristas consultados por Crónica Global atribuyen a la falta de interventores en la Generalitat y a un intento de ERC, debutante en la gestión de este negociado, de garantizarse altos funcionarios fieles.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, encabeza el primer Consell Executiu con consejeros solo de ERC / David Zorrakino - Europa Press

Tras negociar el nuevo texto con los sindicatos, no así con los grupos parlamentarios que pueden darle apoyo, el Consell Executiu aprobó ayer un decreto que contempla medidas para fomentar la promoción interna de los funcionarios de carrera y agilizan la cobertura de vacantes por personas que han aprobado un proceso selectivo, pero no han obtenido plaza.

El decreto vuelve a estar en el aire

Las medidas incluidas en el decreto han sido acordadas con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General de Negociación de los Empleados y empleadas públicos de la Generalitat (MEPAG) y el objetivo del Govern es que se aprueben en el próximo pleno parlamentario. ERC confía en el apoyo de En Comú Podem, que no es suficiente para aprobar el decreto. El PSC --que apenas tuvo tiempo para analizar la propuesta-- aprecia que el Govern haya rectificado algunos puntos, pero la diputada socialista Marta Moreta insiste en que la promoción interna, que ya está regulada, no tiene nada que ver con la estabilidad de las plantillas. 

Moreta ve excesivo y difícil de gestionar que el número de plazas a convocar por el turno de promoción interna se corresponda con el 45% del total de plazas de cada uno de los cuerpos, escalas o especialidades incluidos en la oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal.

Fuentes parlamentarias auguran que esta regulación volverá a quedar en suspenso para evitar una nueva reculada.

El decreto inicial [se puede consultar en este enlace] se tenía que haber aprobado en la sesión plenaria que la Cámara catalana celebra esta semana, donde ERC también tenía previsto aprobar una moción sobre su plan piloto de renta básica universal. Pero también ha tenido que dar marcha atrás y retirarla del orden del día porque carecía de mayoría suficiente.

Comprar voluntades

“Que todo funcionario de carrera que lleve tres años como adjunto de un interventor se integre como interventor es una forma de compra de voluntades increíble”, asegura a este medio un abogado conocedor de la función pública. Explica que los interventores “son un cuerpo muy especial y que pasa desapercibido siempre. Son la élite de la élite. Con solo aprobar la oposición son funcionarios A.30.2, es decir, tienen la máxima categoría que puede tener un funcionario de la Generalitat con un sueldo de unos 90.000 euros brutos al año. Es una oposición muy difícil. Por debajo están los abogados de la Generalitat”.

En cada consejería hay un interventor junto a una serie de adjuntos, cuya incorporación a la escala técnica es una antigua reivindicación que el primer decreto contemplaba, a pesar de que ya existe un estatuto especial de la función interventora. En total, son una cincuentena de funcionarios, además del interventor general designado a dedo por el Govern. El actual es David Canada, nombrado por el expresidente Quim Torra en 2020.