Así ha protegido el 'núcleo duro' de Borràs a Dalmases

Cuando TV3 confirmó lo que ya era un secreto a voces --que Francesc de Dalmases había abroncado a una periodista por unas preguntas incómodas a Laura Borràs en el programa FAQs--, el núcleo duro de la presidenta del Parlament activó todos sus resortes para proteger al diputado. Mientras la presidenta de Junts aleccionaba a los técnicos de la Cámara sobre la comparecencia de Dalmases, el presidente de la comisión encargada de velar por la buena conducta de los diputados ha bloqueado el caso durante tres meses.

Dalmases se vio obligado a dimitir el martes como vicepresidente de Junts per Catalunya (JxCat), después de que un informe encargado por el propio partido a la abogada Magda Oranich corroborara que tuvo una actitud "incorrecta" con la subdirectora del programa FAQS de TV3, a la que abroncó de forma exagerada el pasado 9 de julio. Tanto el comité de empresa como la propia dirección de la cadena y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) denunciaron el caso, siempre negado por Dalmases a pesar de los numerosos testigos.

El 26 de julio, explican fuentes parlamentarias, la Mesa de la Cámara catalana ya acordó iniciar un procedimiento de verificación y pedir un informe a la Comisión del Estatut de los Diputados sobre el tema, a petición de ERC, En Comú Podem y la CUP. Quien tiene la capacidad para convocar la comisión es su presidente, a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios, según establece el artículo 54.1 del reglamento del Parlament.

"Proteger los derechos de la persona afectada"

 “La Mesa hace un llamamiento al presidente y miembros de la Comisión para que se garanticen todos los derechos de la persona afectada y que el procedimiento de información sea reservada”, indicaba el texto publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC), firmado por la presidenta, Laura Borràs, y la secretaria segunda, Aurora Madaula. Dos días después, Borràs era suspendida de derechos y deberes como presidenta de la Cámara.

Se da la circunstancia de que el presidente de esa Comisión es Jaume Alonso-Cuevillas, miembro de ese núcleo duro de Borràs, quien durante tres meses no ha hecho nada al respecto.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces porque, además de la suspensión de Borràs, Junts intervino con un expediente que se ha saldado con la dimisión de Dalmases, quien sigue manteniendo que no se extralimitó con la periodista. Así lo dijo el pasado 16 de septiembre, cuando compareció en la comisión de Control a la CCMA. Por el contrario, y en la línea de lo apuntado semanas atrás por el director de TV3, Sigfrid Gras, el máximo responsable del programa donde trabajaba la periodista, Pere Mas, calificó el tono del diputado de "intimidación intolerable".

Borràs acompañó a Dalmases en esa comparecencia. Ya había sido despojada de sus funciones, pero la conversación mantenida con la letrada de la comisión no pasó desapercibida para los grupos de la oposición. Quienes asistieron a ese diálogo interpretaron el gesto de Borràs como una advertencia o, cuando menos, como un intento de aleccionar a la letrada sobre cómo debía transcurrir la sesión. En el Parlament se asegura que la política ha utilizado todos sus contactos parlamentarios para intentar diluir el caso Dalmases.

A gritos con Oranich

Más recientemente, la presidenta de Junts se ha dedicado a presionar a Oranich, quien asegura que no habla con ella por teléfono "para no recibir gritos". En paralelo, un sector de Junts ha cerrado filas con Borràs y Dalmases, ahondando en la división interna del partido.

Ante este cambio de situación, ERC, comunes y CUP han vuelto a pedir, esta vez de forma conjunta, la convocatoria de la comisión. El propio Cuevillas adelantaba ayer que las medidas parlamentarias contra Dalmases no irán más allá de una sanción. Fuentes jurídicas aseguran que nunca se ha aplicado este tipo de sanciones. Pero el Código de Conducta del Parlament [se puede leer en este enlace] contempla incluso la posibilidad de suspensión. En concreto, un diputado o diputada puede ser objeto de una amonestación pública, de una multa de entre 600 a 12.000 euros y, en el caso de infracción grave, de una suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento.