La cesta de la compra se dispara mientras el Govern encalla en la ley del despilfarro

La inflación ha disparado el precio de la cesta de la compra. Hasta el punto de que algunos consumidores desconfían y pesan los productos que compran por miedo a ser engañados. ¿Vuelve la sisa?

La carestía y la desconfianza ante una alteración quizá ficticia de los precios convierte el desarrollo de  la ley 3/2020 de prevención de las pérdidas y del despilfarro alimentario en más necesaria que nunca. Sin embargo, toda legislación requiere de la aprobación de un reglamento que la desarrolle para poder ser aplicada. Y también para validar su régimen sancionador aplicable a las empresas que, mediante el despilfarro de comida distorsionan el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

Toneladas de frutas y verduras de un vertedero. Despilfarro alimentario / EFE

Dieciocho meses después de que el Parlament diera luz verde a esta regulación, la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural todavía no ha aprobado el reglamento. La ley preveía que, antes de un año de la entrada en vigor de la ley --fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 13 de marzo-- debía estar aprobado el reglamento de desarrollo. Desde el departamento se asegura que la idea es hacerlo este año.

Ley pionera

Cataluña aprobó en febrero de 2020 la primera ley europea que regula y sanciona el despilfarro alimentario en toda la cadena de producción y servicios. Dirigida a empresas, distribuidores, ONG, restaurantes y administración pública, la nueva norma, promovida por PSC-Units pretende concienciar a la ciudadanía de que los restaurantes están obligados a facilitar recipientes para llevar la comida sobrante a casa. Que los tomates “feos” no se tiran. Y que los bonitos que se venden envasados suponen un desperdicio, pues es preferible volver a la venta a granel.

Un trabajador del Banco de Alimentos de Barcelona, una de las entidades que lucha contra el despilfarro alimentario / FLAMINIA PELAZZI - BANC DELS ALIMENTS

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), un tercio de todos los alimentos producidos en el ámbito mundial se pierden o se despilfarran. Cada año, en la UE se desperdician 80 millones de toneladas de alimentos, cifra que va en aumento. En Cataluña, según la Agencia de Residuos de Cataluña, se pierden 260.000 toneladas de alimentos, es decir, unos 35 kilos por ciudadano. La mayor parte de este despilfarro alimenticio se registra en los hogares (58%), supermercados (16%), hostelería (12%), comercio minorista (9%), caterings (4%) y mercados municipales (1%).

“En Cataluña esperando el reglamento y en España, ya programando reuniones con entidades para preparar enmiendas a la ley estatal”, denuncia Raúl Moreno, portavoz adjunto de PSC-Units en el Parlament y que defendió la ley en la Cámara catalana.

Tal como publicó Crónica Global, el pasado 7 de junio, el Gobierno acordó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, prácticamente un calco de la ley catalana. Si la ley española incluye instrucciones a las comunidades autónomas, Cataluña debería adaptar su propia legislación, lo que avecina un posible conflicto de competencias que podría entorpecer todavía más la aplicación de una ley de despilfarro, imprescindible en las circunstancias actuales.