La energética catalana con la que el Govern contenta a la CUP, un ‘bluf’

El Govern activará en octubre la creación de una empresa energética pública con la finalidad de impulsar proyectos renovables en el territorio. Esta iniciativa forma parte de los acuerdos de investidura entre ERC y la CUP, pero choca con los retrasos en el desarrollo de la energía verde en Cataluña, las diferencias entre los socios de gobierno y las trabas ideológicas de los propios impulsores de esa energética catalana.

A la espera de que el Govern concrete las dimensiones de esa compañía pública, las empresas sufren las trabas burocráticas y optan por agruparse en grandes proyectos para que sea el Ministerio de Industria el que otorgue las licencias.

En el marco de las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès, la CUP logró arrancar de ERC el compromiso de creación de una empresa energética pública. Hace un año, el Parlament aprobaba una moción de los antisistema en la que defendía este proyecto. Pero ya entonces afloraron las dudas sobre el mismo, así como las diferencias entre Esquerra y Junts per Catalunya. Los neoconvergentes expresaron su rechazo a que esa empresa ejerza también como comercializadora, como exigen los cupaires, pues sostienen que es el sector privado, con más experiencia, el que tiene que liderar ese ámbito.

Moción parlamentaria

Finalmente, el Govern ha decidido renunciar de momento a que esa empresa ejerza esos servicios de comercialización y se centrará en disponer de “un instrumento público con capacidad inversora en la generación eléctrica, la distribución, los servicios de recarga del coche eléctrico, almacenamiento y demanda flexible”, explica la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Este departamento aprobó en noviembre de 2021 el Programa temporal para el diseño y creación de esa empresa que, según el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reactivará en octubre.

El propio plan de Govern prevé esta medida “como la forma de vehicular la participación de la Administración en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable, y ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas; entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen sus concesiones, y participar en la gestión de los servicios de recarga de vehículos eléctricos”.

Retrasos

Pero el proyecto adolece, de momento, de falta de concreción y choca con los retrasos existente en el impulso de la energía renovable. Según publicó Crónica Global, la ponencia de energías renovables --el órgano interdepartamental que autoriza las infraestructuras de menos de 50 megavatios (MW) en la comunidad-- tiene pendiente autorizar decenas de expedientes que suman 1,5 gigavatios (GW) libres de CO2. En algunos casos se espera respuesta pública desde hace casi un año.

Fuentes empresariales aseguran que, ante esta bloqueo, se están agrupando proyectos para que la tramitación y la autorización se haga desde el Ministerio de Industria. Las licencias de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas de más de 50 megavatios competen al Gobierno. “Tenemos una contradicción entre los objetivos establecidos por ley de transición energética y de cambio climático, y lo que quiere el territorio. Hemos hecho leyes como si fuéramos Dinamarca o Aragón con su extensión de terreno, y hay que entender que en Cataluña hace sol donde hace sol, y hay viento donde hay viento. Somos lo que somos. No se aborda un debate claro sobre cuáles son los criterios para implementar las renovables”, explicaba la exconsejera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, en una entrevista con este medio.

Definir el modelo

¿Qué hay que hacer entonces? “Es importante saber cómo está distribuida la generación de energía y qué tipo de consumo de energía tenemos”, explicaba Chacón. Y eso es algo que, según Raül Blanco, secretario de Industria, Energía y Transición Digital del PSC, es imprescindible para impulsar una empresa pública energética. “La Generalitat, que lleva un retraso importante en renovables, no sabe de cuántos megawatios dispone. Tampoco en qué tipo de empresas se quiere invertir. Las grandes son rechazadas por la CUP porque, según dicen, Endesa nos roba. ¿Se trata entonces de ayudar a Som Energia, por ejemplo?. Primero hay que definir el modelo energético que se quiere”, subraya.

Blanco ironiza sobre el hecho de que “quienes quieren impulsar una empresa pública rechazan instalar molinos en el Empordà” y pone como ejemplo otras iniciativas que permiten impulsar las renovables, como el decreto ley de la Generalitat Valenciana, que incluye medidas en materia de simplificación, racionalización y agilización administrativa. O la del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), Vilawatt, compañía energética municipal en marcha desde 2019.

Barcelona Energia

Fuentes académicas recuerdan que, hace unos años, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, creó Barcelona Energia, comercializadora eléctrica pública de la capital catalana y el área metropolitana. Su objetivo es contribuir a la transición hacia un modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo.  

“El proyecto generó una tormenta en un vaso de agua porque su cuota de mercado es testimonial. El de la Generalitat está dirigido a invertir en las comunidades energéticas que quieren desarrollar a nivel territorial con renovables que no tienen grandes dimensiones. Pero también aspira a quedarse con las concesiones hidroelétricas, que son muy rentables, cuando caduquen su concesión pública”, explican estas fuentes, en referencia a la extinción de concesiones de las plantas de Bescanó, Ripoll o Sant Quirze de Besora.

“La pregunta es si el dinero publico debe servir para hacer electricidad o hay otros intereses públicos generales mas convenientes para su destino. Lo que se dedica a una cosa, no se dedica a otras”, dice el experto.