Un juez de Barcelona admite la querella de la ANC por el 'Catalangate'

El Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por el denominado Catalangate sobre el supuesto espionaje con los programas Pegasus y Candiru a diversos dirigentes y activistas secesionistas.

Según explica la entidad secesionista en un comunicado, cinco personas de la ANC están afectadas por esta presunta intromisión en sus dispositivos electrónicos, con infecciones entre 2017 y 2020, entre ellas sus expresidentes Elisenda Paluzie y Jordi Sànchez.

Investigación para saber "quién está detrás de los hechos"

La entidad se querelló por vulneración de la intimidad, del derecho de asociación y otros derechos fundamentales.

Con esta acción judicial, la ANC quiere que se abra una investigación judicial para esclarecer "quién está detrás de estos hechos delictivos", que en su opinión podrían ser miembros del CNI, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

En este sentido, cabe recordar que el Centro Nacional de Inteligencia explicó el pasado 5 de mayo que la justicia española autorizó 18 escuchas, de forma legal, a dirigentes del procés por el referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O. Una cifra muy alejada de los 65 independentistas que, según la ANC y otras entidades afines al secesionismo, han sido espiados.

Estudio cuestionado por un centenar de académicos

Esa estimación sobre la supuesta vigilancia a decenas de dirigentes y activistas del procés surge de un estudio de CitizenLab --una entidad dependiente de la Universidad de Toronto (UofT)-- que ha sido cuestionado por más de 120 académicos y expertos de varios países por las deficiencias metodológicas, falta de neutralidad, rigor y conflictos de intereses de los autores de dicho informe. Razones por las cuales han reclamado a la UofT una investigación externa para contrastar su fiabilidad, petición que ha sido rechazada.

Entre las razones esgrimidas por estos expertos figuran, por ejemplo, la falta de transparencia del estudio de CitizenLab, la posible existencia de errores y falsos positivos de espionaje, y el hecho de que uno de sus autores sea Elies Campo, un activista independentista sin licenciatura universitaria acabada ni experiencia en la elaboración de trabajos académicos, que además habría inflado su currículum atribuyéndose cargos en Telegram, compañía de la que fue colaborador externo sin remuneración ni vínculo contractual.