La Sindicatura eleva al Tribunal de Cuentas el desvío en el contrato de rastreo Covid en Ferrovial

Aunque el organismo catalán ha asegurado a Crónica Global que “todavía es prematuro”, no descarta que el Tribunal pueda iniciar una investigación para esclarecer los datos que presenta la Sindicatura en el informe publicado este miércoles.

No se ha iniciado ninguna actuación

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran a este medio que, por el momento, no se ha iniciado ninguna actuación en la Sección de Enjuiciamiento. En el caso de que se aprecien posibles indicios de responsabilidad contable en el informe --indican--, se someterá a información tanto del Ministerio Fiscal como del abogado del Estado.

Mientras que la Sindicatura se encarga de realizar informes de fiscalización del sector público, el Tribunal de Cuentas es el único órgano competente para enjuiciar la responsabilidad contable de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

Fachada de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el fiscalizador de dinero público / Cedida

El SEM firmó el contrato

Si finalmente el Tribunal de Cuentas decide investigar los hechos, será el SEM quien deba responder ante el organismo por haber firmado un contrato que condujo a un pago indebido de más de 1,55 millones de euros a la multinacional, según indica la Sindicatura, pues las facturas pagadas a Ferrovial no concuerdan con la reducción progresiva del número de llamadas que se registró para trazar los contagios.

Además, el informe presentado por el controller público también ha hallado otra serie de irregularidades hasta en 11 contratos ordinarios entre los años 2016 y 2019, en los que "no se justificó adecuadamente que el presupuesto base de licitación se adecuara a los precios de mercado".

Josep Maria Argimon, 'exconseller' catalán de Salud / EP

Salud habla de un sobrecoste menor

El Departamento de Salud de la Generalitat ha asegurado en diversas ocasiones que el cálculo presentado por el Sindicato de Cuentas es “erróneo” y habla de un sobrecoste algo menor. Concretamente, matiza y asegura que la facturación de Ferroser al SEM podría haber sido de, aproximadamente, 920.000 euros, lo que equivale al salario anual de 13 médicos especialistas de la sanidad pública catalana.

El propio conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha solicitado al Servei Català de la Salut (CatSalut) una auditoría externa “de forma inmediata” para aclarar las irregularidades detalladas en el informe publicado por la Sindicatura. Ahora será el Tribunal de Cuentas el que deberá estudiar si inicia un proceso de responsabilidad contable por estos hechos.