¿Dónde está el millón de euros que Ferrovial le debe a Salud?

¿Dónde está el millón de euros que Ferrovial le debe a Salud? Ni la consejería que dirige Josep Maria Argimon (Junts) ni la empresa que pilota Ignacio Madridejos han sabido responder a Crónica Global qué ha pasado con el equivalente al salario anual de 13 médicos especialistas de la sanidad pública catalana. Es el montante del sobrecoste "pagado de forma indebida" a una participada de la cotizada por explotar el polémico contrato de rastreo del Covid-19 en Cataluña, que la Generalitat privatizó.  

La Sindicatura de Cuentas totaliza los sobrepagos de Salud a Ferroser --antigua filial de Ferrovial-- en 1,55 millones de euros. El equipo de Argimon considera que el extra fue “considerablemente menor” al que sugiere el organismo fiscalizador, aunque no niega que la multinacional pudo llevarse cerca de un millón de euros de más (920.000 euros, de forma concreta) por pilotar el controvertido programa de seguimiento de contagios positivos de coronavirus. Pese a ser una cantidad relativamente pequeña si se compara con el presupuesto total del departamento, la consejería no especifica si han reclamado el pago indebido o no. Ferrovial tampoco lo aclara. 

El SEM encargó una auditoría externa

A través de un comunicado oficial, Salud aseguró ayer que la Sindicatura ya emitió unas conclusiones provisionales centradas en el contrato firmado en 2020 entre el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Ferroser. A raíz de éstas, el propio SEM inició el pasado mes de octubre un expediente con el apoyo de un auditor externo para determinar las cantidades a reclamar al proveedor.

Con la publicación del informe definitivo de Cuentas, que ha detectado irregularidades en los contratos de 2019 y 2020, el conseller ha solicitado al Servei Català de Salud (CatSalut) que ponga en marcha una auditoría externa “de forma inmediata” para aclarar los hechos.

Imagen de los teleoperadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) / Cedida

Alerta de la Sindicatura de Cuentas

El informe presentado por Cuentas analiza diversos ejercicios de los libros de Emergencias, los años 2015, 2016, 2017 y 2018, así como algunos contratos de emergencia asignados durante la pandemia. Entre otras irregularidades, hallaron facturas pagadas a Ferrovial con un sobrecoste aproximado de 1,55 millones, pues no concuerdan con la actividad menguante de llamadas que se registró para trazar los posibles contagios de los positivos de Covid. Todo ello, sin tener en cuenta que el resultado de esta acción fue mejorable y que acumuló críticas tanto del personal sanitario como de los ciudadanos.  

No obstante, desde el SEM aseguran que se trata de una cifra “errónea” y alegan que el análisis de la Sindicatura se basa “en una extrapolación del 100% de la información de las nóminas de diciembre de 2020 y enero de 2021”.

Imagen de rastreadores realizando la labor de seguimiento de positivos, que en Cataluña hacía Ferrovial / EFE

Ferrovial se desmarca de la polémica

¿Qué dice Ferrovial? A preguntas de este medio, no aclara si Salud le ha reclamado el millón de euros pagado de más por el criticado programa de rastreo, que censuraron los estamentos sanitarios como el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) o Metges de Catalunya, sindicato mayoritario. Los portavoces de la empresa solo recuerdan que Ferroser, su filial hasta principios de año que explotaba la licitación, "ha dejado de existir".

Es cierto, aunque tiene matices. La mercantil Ferroser se ha transformado en Serveo, otro grupo multiservicios que explota la adjudicación del teléfono de emergencias sanitarias catalán, el 061. La mayoría del accionariado (75,01%) de esta sociedad lo controla la gestora de fondos Portobello. Ferrovial retiene el resto. Los responsables de Serveo tampoco han contestado a la pregunta de si se ha reembolsado ese millón público que la propia Generalitat reconoce que se pagó de más para cubrir un servicio básico en uno de los momentos más duros de la pandemia. 

El contrato no funcionó

El millón de euros públicos perdido entre el grupo de Madridejos y Salud es la última mácula en una externalización, la del rastreo en Cataluña, que acabó rescindida por la Consejería. El seguimiento de las infecciones no funcionó, por cuanto se dejaban escapar positivos y no se les aislaba, hecho que no interrumpía el contagio comunitario. 

La privatización del rastreo del virus en Cataluña también fue el foco de polémicas anteriores, protagonizadas igualmente por Ferrovial. Entre ellas, que la gestión del teléfono 061 acumula evidencias de fraude, como admitió en sede parlamentaria uno de los exgerentes del SEM. Además, el nombre de la cotizada ha aparecido en la instrucción del caso Palau de financiación ilegal de la antigua CDC, que quedó probada en los tribunales. Exdirectivos de la firma se libraron de delitos cometidos porque habían prescrito en el momento del juicio.