Pedro Sánchez y Pere Aragonès esperaban a poder cruzar sus agendas para retomar una mesa de diálogo de la que no se esperan grandes resultados, pero ambos dirigentes se aferran a ella. El primero, para evitar un nuevo desafío secesionista de incierto rédito electoral y que complicaría todavía más sus convulsas relaciones con Podemos. El segundo, para ganar ensanchar su base a costa de sus socios de gobierno, Junts per Catalunya (JxCat), poniendo a prueba sus amenazas de radicalización. No hay fecha todavía para el reencuentro entre ambos presidentes, aunque se presume que será antes de agosto.
Tras las elecciones andaluzas, el Gobierno pretende reactivar la negociación con la Generalitat. No hay excesiva prisa, a juzgar por las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ayer se reunió con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, precisamente para desencallar ese foro de diálogo. En los próximos días se pondrá fecha a esa nueva cumbre, donde el Ejecutivo de Sánchez volverá a intentar desviar la atención hacia cuestiones más relacionadas con la gestión del día a día. Algo que, según los soberanistas, requiere de otros foros.
Inversiones
La polémica sobre el déficit inversor se lo ha puesto en bandeja. Los socialistas han hecho números y no pierden ocasión --ayer lo hizo Bolaños--, de recordar que Cataluña es la comunidad donde más inversiones ejecuta el Estado. Un argumento que contrarresta el victimismo independentista, pero que supone un arma de doble filo. Mimar demasiado a la comunidad catalana es mal visto por el resto de barones socialistas. Aunque después del último ciclo electoral, al PSOE le quedan cada vez menos feudos autonómicos mientras el PP aumenta sus mayorías. No parece demasiado dispuesto Sánchez a adelantar elecciones generales y perder la proyección mediática que le proporcionará la presidencia del Consejo Europeo a partir de julio de 2023.
Antes se habrán celebrado las elecciones municipales, decisivas para ERC y para la continuidad de un gobierno de coalición secesionista en Cataluña que no se sostiene. Los republicanos, que ahora controlan el territorio desde el Govern, confían en obtener buenos resultados. E incluso soltar lastre de JxCat si las diferencias electorales son acusadas. Mientras tanto, Aragonès aguanta la presión de los neoconvergentes, muy críticos con una mesa de diálogo a la que no están invitados, pero que también visualiza sus diferencias internas.
La ambigüedad de JxCat
Tras su congreso de refundación, Junts mantiene la equidistancia entre la radicalidad de los duros --Laura Borràs, Albert Batet…-- y los consellers que pertenecen al sector turullista, con Jaume Giró, titular de Economía, ungido por algunos compañeros de partido como futuro candidato a la presidencua de la Generalitat. El president sabe que esa ambigüedad es insostenible y que, tarde o temprano, JxCat deberá decidir si vuelve al pragmatismo convergente y abre el foco a otro tipo de pactos --con los socialistas--, o se vuelve a echar al monte.
Mientras tanto, ERC consolida sus relaciones con los comunes a modo de inversión de futuro, algo que desde los partidos más conservadores ven como un avance hacia un tripartito de izquierdas, incluido el PSC, que gracias a su condición de primer grupo del Parlament ha sido determinante en algunos acuerdos, como el que ha permitido renovar las instituciones dependientes de la Cámara catalana, como el ente que gestiona los medios públicos, o cerrar un gran acuerdo para aprobar una ley de usos lingüísticos en las aulas.
En resumen: las dinámicas electorales en Cataluña son muy diferentes a las nacionales, pero el tacticismo de ERC y PSOE marcan agendas, en ocasiones cruzadas.