Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. El Parlamento europeo aprobará en el pleno que se celebrará la semana que viene una serie de medidas, incluidas en el paquete Fit for 55, con la finalidad de romper la dependencia energética de Rusia, lo que pasa por acelerar el tránsito a las renovables. Algunas de esas medidas son especialmente controvertidas. Conjurar los intereses de los 27 países miembros, así como de los diferentes grupos es una tarea casi imposible. Tampoco es fácil minimizar el impacto de determinadas resoluciones en el bolsillo del consumidor.
El ciudadano no es experto
“El ciudadano no es experto en energía, no es su trabajo. Se necesita más información para que puedan entender de qué se habla. Hablar de objetivos de renovables, no le dice nada al consumidor. Lo que quiere saber es cómo se puede ahorrar. El coste energético es importante en el gasto de las familias”, explica Jaume Loffredo, directivo de BEUC (European Consumer Organisation).
Destaca, como medidas de impacto que se debaten en la UE para acelerar el despliegue de la energía renovable, las subvenciones para la compra de bombas de calor --con la finalidad de sustituir las calderas de gas-- y para la instalación de paneles solares en los domicilios particulares. “No hay instaladores de placas fotovoltaicas, hay listas de espera de año y medio. Es un problema que afecta a todos los países Europa”, afirma Loffredo quien, no obstante, considera que los fondos europeos son una gran oportunidad para facilitar ese tránsito.
El representante de los consumidores europeos participó en el debate Regiones europeas y crisis energética: qué futuro nos espera, moderado por la portavoz del grupo Renew Europe en la Comisión de Desarrollo Regional y eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solis.
En esa sesión estuvo presente también José Fonseca, responsable de Políticas de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones. Este organismo que lucha por acercar al ciudadano el trabajo que se hace en Bruselas, impulsó el Cities Energy Saving Sprint, un proyecto con un listado de sugerencias sobre cómo bajar el consumo de energía a nivel local en el que participan 9.000 alcaldes. Reducir la temperatura en edificios públicos y privados, así como el aire acondicionado en las oficinas, la velocidad del tráfico en las ciudades y la luz pública, son algunas de las propuestas cuyo funcionamiento será analizado en septiembre.
Diversidad regional
“La pobreza energética siempre aparece en las prioridades porque nadie se puede quedar atrás. La Comisión Europea siempre habla del aumento de precios de la energía en invierno, pero también hay picos en verano, por ejemplo en Extremadura, de donde yo vengo. Hay una enorme diversidad regional y algunas medidas pueden herir sensibilidades”, explica. Pone como ejemplo la propuesta de los Países Bajos de reducir el tiempo de la ducha. “Hay países muy concienciados con la sostenibilidad, pero una medida así ¿puede herir la sensibilidad del consumidor?”, se pregunta Fonseca.
En el ámbito de la alimentación, Europa se ha visto perjudicada por la reducción del grano que llega de Rusia a consecuencia de la guerra en Ucrania. “Respondemos con placas solares y molinos que limitan tierra agraria. Y además se impone un 25% de consumo ecológico que reduce la producción. No nos podemos permitir perder la soberanía alimentaria”, avisa Fonseca.
Las propuestas del Comité de las Regiones no son vinculantes, pero sí están llamadas a serlo las medidas que se votarán en el Pleno de Estrasburgo de la próxima semana. Hay temas muy controvertidos, por ejemplo la revisión de las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas, que establece mayores objetivos de reducción en la UE de aquí a 2030 y, sobre todo, un nuevo objetivo de reducción del cien por ciento de las emisiones procedentes de turismo y furgonetas para 2035. A partir de esa fecha, ya no será posible comercializar en la UE ningún vehículo que tena un motor de combustión interna, incluidos los híbridos.