La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que sancione al conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) con una multa de 1.500 euros diarios, y valore posibles derivadas penales, por incumplir su sentencia firme de que al menos un 25% de las clases del sistema educativo de la autonomía se impartan en castellano.
La entidad defensora del bilingüismo también le pide al tribunal que requiera, tanto a Cambray como a los directores de las escuelas, que apliquen la sentencia que pone punto y final a la inmersión obligatoria monolingüe en catalán impuesta por la Generalitat en las tres últimas décadas.
"Desobediencia abierta del Govern"
La portavoz de la AEB, Ana Losada, ha lamentado el incumplimiento de los dirigentes de la Generalitat, pues desde este miércoles todos los centros educativos de la autonomía deberían impartir un 25% de enseñanza en castellano, al haberse acabado el plazo que dio el TSJC para cumplir la orden de ejecución. Pero, en lugar de eso, “hemos vivido una desobediencia abierta y pública del Govern”, según ha denunciado en rueda de prensa.
La AEB, una de las 15 entidades que forman parte de la plataforma probilingüismo Escuela de Todos, ha presentado un nuevo escrito ante el TSJC para denunciar “la manifiesta voluntad de incumplimiento” de la Generalitat, al considerar que el decreto ley aprobado por el Ejecutivo secesionista el pasado lunes está hecho para no acatar la orden de ejecución forzosa de la sentencia.
Posibles responsabilidades penales
Por ello, la AEB pide al TSJC que “requiera personalmente” a Cambray que “de manera inmediata y efectiva dicte las instrucciones necesarias para que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en cada una de las lenguas oficiales”.
En el escrito, también se reclama al tribunal que le imponga una multa de 1.500 euros diarios al conseller --o a su sucesor en el cargo en el caso de que hubiera un relevo-- mientras no conste “de manera efectiva” que la Consejería de Educación cumple el fallo.
Otra de sus peticiones es que se valore la posibilidad de exigir responsabilidad penales a Cambray y a "todas las personas que hubieran colaborado o participado en el incumplimiento".
Solicitan al TSJC que intervenga
Asimismo, las entidades también solicitan al TSJC que se dirija y requiera directamente a los directores de las escuelas de Cataluña para que apliquen lo que dicta la sentencia, que es firme y de obligado cumplimiento.
El portavoz de Impulso Ciudadano --una de las entidades de Escuela de Todos--, José Domingo, ha destacado que ni la "chapuza jurídica" del decreto ley del Govern ni las instrucciones dadas a las direcciones de las escuelas para que "inapliquen" los porcentajes dictados por la sentencia dan cumplimiento a la misma. Y ha advertido de que eso "no va a parar en modo alguno" el mandato que dio el TSJC.
Domingo también ha anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo para pedir la suspensión de las instrucciones de la Consejería de Educación de la Generalitat a los centros escolares, pues son “incompletas y anticonstitucionales, ya que no reconocen las dos lenguas vehiculares”, ha afirmado.