La futura refundación de los medios públicos catalanes no solo pasa, según el acuerdo alcanzado por ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y PSC, por una renovación de la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio --el concurso de selección está pendiente de resolver--, sino también por medidas para evitar la concentración de la producción externa en unas pocas empresas, así como una mayor transparencia en el gasto público.
Actualmente, y a pesar de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, numerosos contratos carecen de cláusulas relativas al control de precios y auditorías. Máxime cuando, en estos momentos, la Audiencia Nacional investiga si, a través de los contratos con la empresa Triacom Audiovisual, se financió ilegalmente a Convergència (CDC). Se trata de una derivada del caso 3%.
Meses para conseguir los datos
La diputada de Ciudadanos Anna Grau ha analizado un listado de contratos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). “No fue fácil acceder, hemos tardado meses. Dados los compromisos de transparencia, es curioso que nunca hayan hecho ninguna auditoría. Más cuando el juez Pedraz investiga posibles sobrecostes a cargo del 3%”.
El Corral de l’Humor es la productora del controvertido programa Bricoheroes, presentado por Jaír Domínguez y Lluís Jutglar Peyu. Pero no es el único espacio contratado por la CCMA con esta empresa. El programa Operació Cultura ha costado 15.000 euros al erario. El contrato tiene una cláusula de transparencia, pero no prevé ningún mecanismo de control del precio ni auditorías. Más elevado es el gasto destinado a contratos con La Manchester Radiofònica, que produce el programa matinal de TV3 Planta Baixa. Los seis contratos analizados incluyen costes de hasta 3,2 millones por temporada --218 programas de 180 minutos de lunes a viernes--. En este caso sí se estipulan auditorías de control. Esta empresa también produce el programa Els Quatre Gats por 644.498 euros --nueve programas de 50 minutos--, a los que hay que sumar 30.000 euros más si consigue una buena audiencia.
Mediapro
Pero es Mediapro, sin duda, una de las empresas que más contratos han suscrito con la CCMA. Destacan los seis millones de euros pagados por el derecho de emisión de los resúmenes de La Liga y la Copa del Rey o los 2,6 millones pagados por el programa Tarda Oberta --213 espacios de 210 minutos--. En este caso, existe una cláusula de transparencia, pero no contempla auditorías de control del precio. Tampoco las hay en el contrato de un cortometraje de 17,9 millones, en el que la CCMA solo aporta 200.000 euros; ni en el del concurso Atrapa’m si pots, por un precio de 745.319 euros --86 programas de 53 minutos--, ni en el programa En guardia, que cuesta 51.600 euros --86 programas--.
Asimismo, la empresa Mediaproducción SLU, que también forma parte del grupo de Jaume Roures, cobró 683.412 euros por 13 capítulos del programa Arrelats, con cláusula de transparencia, pero sin control del precio.
Concentración de las producciones externas
La no inclusión de auditorías en las condiciones de los contratos de TV3 y Catalunya Ràdio con productoras externas contraviene las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, que hace tres años analizó los contratos de la CCMA en 2016. Concluyó que seis empresas se repartían el 74% de las producciones externas que TV3 contrata, y cuestionaba los altos sueldos de algunos presentadores “estrella”, los desvíos presupuestarios y el pago del 10% de los ingresos publicitarios a esas productoras. Algo que la CCMA, el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, justifica en las audiencias, en un mercado competitivo y en la necesidad de incentivar al sector audiovisual.
Entre esas empresas que se llevaban la mayor parte de los contratos figuran, según datos de la propia CCMA, las vinculadas a Toni Soler, Andreu Buenafuente y Jaume Roures. Y también a Oriol Carbó, exgerente de TV3 y administrador de Triacom Audiovisual, investigada por un supuesto caso 3%.
Altos costes y falta de auditorías
El informe detecta que en seis programas se produjeron incrementos significativos de coste que la CCMA justifica en las presiones del mercado y por los índices de audiencia. Asimismo, en dos programas se establecieron cláusulas de reparto de los rendimientos económicos de las producciones que la Sindicatura considera que no se ajustan a lo que establece la norma reguladora del procedimiento de selección y contratación de contenidos audiovisuales.
Ante esta situación, el órgano fiscalizador recomendaba “que se potencie la realización de auditorías de producciones y que se valore la posibilidad de incluir la obligatoriedad de presentar liquidaciones auditadas para determinadas producciones”. La Sindicatura “sigue recomendando que se potencie la venta de programas de producción propia. La recuperación de parte del coste de los programas a través de su venta permitiría aumentar la producción y financiar nuevos proyectos sin que se tuviesen que aumentar las aportaciones públicas”.