La alternativa a 40 años de nacionalismo lingüístico

Cuarenta años después del Programa 2000 con el que Jordi Pujol intentaba catalanizar las escuelas, cuatro partidos catalanes han acordado impulsar una nueva ley para dar respuesta a las sentencias judiciales que obligan elevar la presencia del castellano en las aulas. ¿Hay un antes y un después en esa iniciativa? Impulso Ciudadano ha publicano un informe en el que asegura que esa norma es inconstitucional, pues no reconoce la lengua española como vehicular. A su juicio, la propuesta de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y PSC responde a una visión nacionalista basada en la "unidad del catalán" y en la idea de que este idioma están en retroceso.

El extenso informe Lenguas y convivencia en Cataluña supone una especie de 'enmienda a la totalidad' al documento Un marco sociolingüístico igualitario para la lengua catalana”, fruto del Pacto Nacional por la Lengua, instrumentos impulsados por el Govern y que, a juicio de Impulso Ciudadano, "no pueden ser base para ningún consenso sobre la regulación de las lenguas en Cataluña”, pues “responden a un acercamiento nacionalista que se sitúa fuera del marco de convivencia entre las distintas lenguas oficiales que diseña la Constitución”.

La entidad parte de la premisa de que, en Cataluña, tanto el castellano como el catalán, así como el aranés con sus características particulares, "son lenguas oficiales y propias de los catalanes, de tal manera que deben de estar presentes en la escuela, en los medios públicos de comunicación y en la administración". Rechaza, en este sentido, "cualquier política orientada a modificar los usos lingüísticos de las personas. Estas políticas, ampliamente seguidas y admitidas por el nacionalismo y sus satélites en Cataluña no solamente son contrarias a la Constitución, sino que atentan contra el pluralismo lingüístico y la dignidad de las personas". Destacan la necesidad de que el español, "lengua materna de la mayoría de los catalanes, tenga una presencia significativa en la escuela" y cuestionan las políticas de exclusión del mismo en la universidad.

El Programa 2000

El informe destaca la importancia que la escuela siempre ha tenido para el nacionalismo. El Programa 2000 elaborado por Jordi Pujol preveía “potenciar el uso de la lengua catalana por parte de profesores, maestros y alumnos” dentro de una estrategia que se denominaba de “catalanización” al servicio del cual se ponía también el servicio de inspección. "La escuela monolingüe marca la preminencia del catalán como lengua supraoficial, incluso fuera de las aulas", denuncian.

En el documento se señala que la normativa legal catalana "no excluye al castellano como lengua vehicular y de aprendizaje. Si hubiera hecho tal cosa, sería inconstitucional, pero el legislador autonómico se ha cuidado de no hacerlo. Establece el carácter vehicular del catalán, pero sin mencionar el castellano, de modo que este silencio puede ser interpretado como aceptación de la obligación constitucional de que el castellano sea también lengua vehicular".

Proyectos lingüísticos

“La práctica de los centros docentes de Cataluña --añade-- es la exclusión casi total del castellano como lengua de aprendizaje fuera de las horas dedicadas a la materia de lengua castellana. Esta exclusión fue probada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) mediante el análisis de más de 2.000 proyectos lingüísticos de centro y calificada de 'residual' por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

La exclusión "no sólo es inconstitucional, sino también ilegal de acuerdo a una interpretación constitucionalmente conforme a la legislación catalana. Prueba de ello es que todas las familias que han pedido la aplicación de la normativa y, por tanto, una enseñanza bilingüe, han visto satisfecha su petición por parte de los tribunales de justicia. Sin embargo, la Generalitat no ha modificado las instrucciones en los centros ni la práctica de éstos, de tal modo que cada familia debe pedir judicialmente el cumplimiento de la ley con relación a sus hijos".

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia, a consecuencia de un recurso planteado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la que constató, a partir de la prueba facilitada por la Generalitat, la marginalidad del castellano al sistema educativo catalán y ordenó que se adoptaran las medidas adecuadas para que todos los alumnos catalanes reciban al menos un 25% de su docencia en castellano. "Hasta ahora (mayo de 2022), la Generalitat no ha ejecutado esta decisión, que es plenamente obligatoria desde el 25 de enero de 2022".

La propuesta de los cuatro partidos

La propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística presentada el 24 de marzo por PSC, Comuns, ERC y Junts podría plantear problemas de constitucionalidad. "El catalán es lengua vehicular por su condición de lengua propia de Cataluña, pero el castellano sólo será empleado de acuerdo con lo que establezcan los proyectos lingüísticos de centro y dentro de los límites que marca el apartado 3 del artículo 21 de la Ley de Política Lingüística". Tras dos meses de negociaciones, el acuerdo se ha traducido en una ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria idéntica a las previsiones iniciales.

"Entendemos que esta situación no es compatible con la prohibición constitucional de dar preferencia a una lengua oficial sobre la otra y que, por tanto, sería conveniente, si el texto se convierte en norma legal, que fuera recurrido ante el Tribunal Constitucional.

¿La inmersión es un éxito?

Uno de los argumentos utilizados por los nacionalistas para defender el monolingüismo es que "la inmersión es un modelo de éxito". Pero Impulso Ciudadano asegura que "los resultados del sistema educativo catalán no son brillantes. Si consideramos los datos del año 2018, Cataluña, en el ámbito de las ciencias, obtiene una puntuación de 489, justamente la calificación media de toda la OCDE , sólo 6 puntos por encima de la media de toda España y por debajo de las siguientes comunidades autónomas españolas".

Respecto a la regresión del catalán, y de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) correspondientes al año 2018, el 94,4% de la población entiende el catalán y un 81,2% lo sabe hablar. Un 85,5% de la población sabe leerlo y un 65,3% lo puede escribir. "Se puede decir que el conocimiento del catalán es muy alto y que sólo se aprecia cierto déficit en la capacidad de escribirlo que tiene que ver, sin duda, con la falta de escolarización en catalán antes de los años 80 del siglo XX, ya que en los grupos de edad más jóvenes la capacidad de escribir el catalán llega al 80,6% (entre los 25 y los 29 años), al 91% (entre los 20 y los 24 años) y al 94, 7% (entre 15 y 19 años). Por el contrario, entre la población que tiene entre 85 y 89 años sólo un 36,7% sabe escribir el catalán, aunque un 70,6% sabe hablarlo", indica el informe.

Administraciones y medios de comunicación

Las administraciones catalanas "practican una política de exclusión del castellano contraria a los principios sobre los que se basa la convivencia de lenguas, de acuerdo con la Constitución. Sólo hace falta comparar los DNI expedidos en Cataluña (bilingües) y la Tarjeta Sanitaria que emite la Generalitat (monolingüe en catalán) para darse cuenta de la naturaleza de esta política que quiere llegar a una Cataluña donde el catalán sea, como expresa el documento que comentamos, la única lengua de cohesión".

Por otro lado, la difusión del catalán no se limitó a los medios públicos de comunicación, ya que también se han creado o subvencionado medios privados, favoreciendo la publicación en catalán. El resultado es que, como muestra el documento que comentamos, la oferta en catalán es mayoritaria en prensa (62% en catalán y 38% en castellano), mientras en la radio el catalán y el castellano tienen una presencia equilibrada (48% en catalán y 52% en castellano). El aumento de la oferta televisiva en los últimos años ha llevado a que la presencia porcentual del catalán se haya reducido del 32% al 10%, a pesar de que el consumo de televisión en catalán es de un 18,9%.