Vox, Cs y PP llevarán la ley del catalán en la escuela al Consell de Garanties Estatutàries

Ciutadans (Cs), PP y Vox llevarán la proposición de ley sobre el catalán en las aulas al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que podría impedir que la norma quedara aprobada antes del 31 de mayo, fecha límite para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña.

El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, asegura haber planteado a Cs y PP llevar esta ley ante este órgano para "frenar" su aprobación este viernes, y fuentes de ambos partidos ya han afirmado que secundan la propuesta.

"Asalto a la legalidad"

Hasta ahora, Vox había rechazado recurrir al CGE, al considerar que este organismo autonómico debe cerrarse: "Sin embargo, estamos ante un momento urgente", ha dicho Garriga, que considera que esta es la única vía para forzar al Govern secesionista a explicar cómo cumplirá con el mínimo legal de 25% de clases en castellano. La iniciativa se adopta ante la "gravedad" del texto presentado por independentistas, socialistas y comuns, que en su opinión constituye un "asalto a la legalidad".

La ley aprobada por PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem reconoce al catalán como única lengua "vehicular" en la enseñanza no universitaria, relegando al castellano como lengua solo "de uso curricular".

Freno a su aprobación

Fuentes parlamentarias han explicado que el CGE dispondrá de siete días hábiles para dictaminar si la iniciativa legislativa se ajusta al Estatuto y la Constitución a partir del día siguiente en el que se registre la solicitud.

Esas mismas fuentes apuntan a que estos partidos disponen de margen hasta el viernes para formalizar su petición de dictamen ante el CGE.

Si Vox, Cs y PPC esperan hasta el último momento, será prácticamente imposible que el pleno pueda votar la nueva ley antes de que expire el plazo del TSJC, que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer al menos el 25% de clases en castellano.