La nueva ley aprobada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem para dar "respuesta" a la sentencia que ordena impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano en el sistema educativo de Cataluña genera división de opiniones entre entidades y sindicatos de la autonomía. La norma, que sólo reconoce como "vehicular" al catalán y relega al español al papel de "curricular", ha recibido elogios de asociaciones nacionalistas como Òmnium Cultural y sindicatos como CCOO, y críticas desde el constitucionalismo por parte, por ejemplo, de Societat Civil Catalana (SCC), Escuela de Todos y Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que recuerdan que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de introducir el bilingüismo es firme y, por tanto, ineludible y de obligado cumplimiento.
Así, desde Òmnium celebran que el acuerdo entre socialistas, independentistas y comuns para una proposición de ley sobre el catalán en las escuelas "rechaza los porcentajes de los jueces" y apuesta por lo que denominan "criterios pedagógicos". "Ahora hace falta que se haga efectivo, se garantice la protección jurídica de los centros y se destierre a los tribunales de las escuelas", añade la entidad ultranacionalista subvencionada por la Generalitat.
"Premeditadamente confusa"
En cambio, desde Societat Civil Catalana (SCC) critican la ambigüedad de la nueva ley, cuya aprobación, recalcan, no puede impedir la ejecución de sentencias judiciales firmes de un poder democrático como el judicial. A su modo de ver, la norma es "premeditadamente confusa y refuerza la necesidad de ejecutar la sentencia del 25%" mínimo de clases en castellano del TSJC de forma "inmediata".
SCC rechaza esta iniciativa parlamentaria, porque considera que "puede ser utilizada por el gobierno nacionalista para mantener el castellano como lengua residual en la enseñanza" en Cataluña, donde desde hace tres décadas la Generalitat impuso el catalán como única lengua vehicular.
SCC pide respeto a la pluralidad de Cataluña
"El nuevo articulado es impreciso y abre la puerta a que el castellano quede relegado a actividades no docentes en la escuela", sosteniene SCC, que ha subrayado que esta nueva ley no exime de cumplir las decisiones judiciales.
SCC lamenta que el Govern tiene "aversión" a asumir la realidad plural de Cataluña, y le ha acusado de situarse de espaldas al sentir mayoritario de los catalanes y de perjudicar la equidad y la igualdad de oportunidades entre los estudiantes.
CCOO, a favor de la inmersión en catalán
Desde el sindicato CCOO, en cambio, insisten en su defensa de la inmersión lingüística en catalán y elogian por ello la ley aprobada por secesionistas, socialistas y comuns en el Parlament.
Tuit de CCOO defendiendo la inmersión lingüística y lo que llama "escuela catalana" / TWITTER
"CCOO de Cataluña valoramos positivamente el amplio acuerdo parlamentario que da respuesta a la sentencia del 25% manteniendo el modelo de escuela catalana y de inmersión lingüística", apunta el sindicato --integrante de la plataforma nacionalista favorable al monolingüismo en catalán Som Escola-- en su perfil de Twitter, adjuntando a su mensaje el dibujo de un niño con barretina y una bandera catalana en la mano.
Plataforma per la Llengua ve "riesgo" de que se introduzca el castellano
La nueva ley del catalán en la escuela genera también división dentro del propio secesionismo. Así, el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha avisado este miércoles del "riesgo" que ve en definir el castellano como lengua "curricular".
En rueda de prensa este miércoles en el Parlament, el dirigente de la entidad ultranacionalista subvencionada por la Generalitat ha explicado que incluir el castellano bajo esa denominación --y pese a no reconocerse siquiera como "vehicular"-- abriría la puerta a que el Estado pudiese "exigir un 50% de castellano en las aulas" amparándose en la Lomloe, algo a su juicio intolerable.
La Ley de Política Lingüística no cambia
También ha dicho que han intentado presentar una enmienda parcial a la proposición de ley, a través de los grupos parlamentarios, en la que apostaban por suprimir de la ley los términos de "uso curricular y educativo" y la presencia adecuada de las lenguas.
Escuder, por otra parte, ha celebrado que no se modifique la Ley de Política Lingüística de la Generalitat que impone el monolingüismo en catalán en la escuela. A su modo de ver, "algo se ha ganado" con la herramienta que se ha utilizado, la nueva ley y no la reforma de la aún existente.